- Esta es la historia de lo sucedido en el complejo Caso Odebrecht, que estuvo a punto de ser un hito en la lucha contra la corrupción y termina en una frustración
En al menos diez países de América Latina, Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, desarrolló una mecánica de sobornos para obtener obras. Ha sido el caso de corrupción transnacional más grande de la región, el cual alcanzó a numerosos presidentes, funcionarios, políticos y empresarios. En unos países hubo condenas… ¿Y en Guatemala?
Análisis de Crónica
En la mañana del 2 de junio, una noticia generada por el fiscal Rafael Curruchiche (FECI) captó la atención nacional e internacional: La cuestionada Sala Tercera de Apelaciones –se le vincula al diputado Felipe Alejos– emitió órdenes de captura relacionadas con el caso Odebrecht, un escándalo de corrupción que se destapó hace más de dos décadas en Latinoamérica, y al que el MP le ha dado un trato más bien oscuro.
Las órdenes de captura se giraron contra el excomisionado de la CICIG, Iván Velázques, su colaboradora Luz Adriana Camargo –actualmente fiscal general de Colombia–, la exfiscal general Thelma Aldana y el exfiscal Juan Francisco Sandoval. En realidad, se trataba más de un show mediático que de un intento real de capturar a estos personajes que iniciaron con éxito las primeras investigaciones del caso, tomando en cuenta que los dos primeros gozan de la inmunidad diplomática por ser miembros de una misión de la ONU, y los dos guatemaltecos viven bajo el asilo de Estados Unidos por ser considerados perseguidos políticos.
Casi en paralelo, diferentes tribunales cerraban los procesos judiciales contra los dos implicados principales: Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón. El primero, el exministro de Comunicaciones, quien se ofreció en su momento como testigo eficaz y describió el exfiscal Sandoval, con lujo de detalles, la forma en que había recibido y distribuido US$17.9 millones en sobornos, a cambio de entregar la obra de una carretera de Escuintla a la frontera con México a Odebrecht.
Las declaraciones de Curruchiche más bien captaron la atención de la opinión pública y recordaron como la fiscalía a su cargo pasó de tener grandes avances hasta el año 2021 bajo Sandoval, a traer al traste todo lo investigado y negociado, para que el caso quedara bajo el manto de la impunidad, como también ha sucedido en la mayoría de los casos de corrupción descubiertos por la CICIG.
Antecedentes del caso Odebrecht
Los hallazgos del MP y la CICIG dieron cuenta de que Alejandro Sinibaldi negoció sobornos con Odebrecht para obtener el contrato de modernización de la CA‑2 Occidente (entre 2011 y 2013). Con declaraciones de Sinibaldi y luego confirmadas por personeros de Odebrecht, el exministro del PP recibió personalmente US$ 9.3 millones y canalizó unos US$ 17.9 millones en total, beneficiando a Manuel Baldizón (USD 1.3 M), Juan Arturo Jegerlehner, Carlos Batres y posiblemente varios diputados.
En enero de 2018, el MP —junto a la CICIG y con participación de Sandoval— firmó un acuerdo con Odebrecht por una indemnización de US$ 17.9 M más devolución de materiales. Ese convenio era parte de un mecanismo de justicia restaurativa, que permitía recuperar fondos mientras se identificaba a todos los implicados.
Sandoval fue destituido en 2021 y en2022 el acuerdo con la constructora fue declarado nulo por irregularidades en el procedimiento, aduciendo que se hizo fuera del país y sin la participación legal del Estado de Guatemala, un argumento que el exjefe de la FECI descarta, pues asegura que se cumplieron todos los requisitos para negociar con funcionarios de la empresa brasileña.
¿Cómo se ha obstaculizado el caso?
El trato de colaboración con Odebrecht, considerado exitoso para recuperar daños al Estado, fue anulado ya en 2022. La nueva dirección del MP (liderada por Curruchiche tras la salida de Sandoval) alegó falta de comparecencia física ante tribunales guatemaltecos, pero lo cierto es que Brasil y Estados Unidos ya habían realizado los juicios correspondientes, y no había impedimento legal para suscribir los acuerdos fuera del territorio nacional.
Esto truncó el ingreso de los US$ 17.9 M al erario nacional y diluyó el peso de la confesión de Odebrecht, dos factores importantes para crear el manto de impunidad protector para los señalados.
Pronto los procesos judiciales contra los principales implicados tomaron un curso diferente. Manuel Baldizón fue arrestado en EE. UU. por lavado de dinero y regresó a Guatemala en 2022. Bajo el falso argumento de avance judicial, la FECI dirigida por Curruchiche, solicitó su sobreseimiento parcial. Hoy el excandidato presidencial está libre y en proceso de retorno a la actividad política.
Alejandro Sinibaldi obtuvo un amparo favorable en julio de 2023 que detuvo su juicio. Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) reactivó el proceso en junio de 2025, aún no hay fecha para el juicio. Su defensa ha explotado tecnicismos que demoran el avance. Sin embargo, sus declaraciones como colaborador eficaz ya no son parte del proceso.
Criminalización de los fiscales originales
El foco de acusación ha variado. Ya no se persigue a los acusados de corrupción durante la gestión anterior del MP, sino que ahora se persigue a los fiscales que estuvieron a punto de concretar un resarcimiento y procesar a los responsables de aquella gigantesca corrupción con pruebas documentales contundentes.
El MP investiga a Iván Velásquez, Aldana, Sandoval y Camargo por supuestas negociaciones irregulares de colaboración eficaz. Ahora aparecen señalados de liderar un proceso fraudulento quienes estuvieron a punto de dar un campanazo en el caso, algo parecido a lo que sí sucedió en Perú, Panamá y otros países.
Ahora se fundamenta la teoría de que los corruptos se convierten en víctimas y que sus perseguidores son ahora perseguidos.
Manipulación de la narrativa oficial
El MP, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, promueve una narrativa de acuerdos fraudulentos, pero al mismo tiempo se sabe que ninguna investigación seria ha llevado a cabo la FECI sobre este caso desde que salió Sandoval.
Las órdenes de captura contra los fiscales que actuaron correctamente dan un giro llamativo: pretenden responsabilizarlos por daños a la imagen del país, mientras los sobornados quedan libres. Las tácticas dilatorias en favor de Sinibaldi, su defensa legal y recursos ante la CC hacen ver al MP más como defensor de corruptos que como promotor de justicia y perseguidor de los criminales.
Conclusión crítica
Lo que ha sucedido en torno a Odebrecht desde 2022 es que: 1) se perdió el resarcimiento de US$17.9 M, pérdida para el país y se evita un golpe de efecto a los corruptos; 2) la alianza judicial ha blindado a Sinibaldi y Baldizón: facilidades legales, impunidad funcional y retorno político; y 3) el MP, en lugar de avanzar, se ha replegado: ataca a los investigadores que destaparon el caso y manipula la justicia en favor de los sobornados.
La institucionalidad ha quedado muy golpeada con la anulación del acuerdo eficaz, la persecución mediática de Velásquez/Sandoval y el retraso en los juicios demuestran que el MP, bajo la actual dirección de Consuelo Porras, continúa su marcha de regresión y mantiene la impunidad como marca de referencia.
Este caso ha dejado al descubierto cómo la estructura institucional –el MP– , en vez de promover la justicia, ha sido instrumentalizada para erigir una impunidad marcada, protegiendo a los sobornados y abandonando el derecho a la reparación del Estado.
¿Quién pierde y quién gana?
El caso Odebrecht está dejando claramente ganadores y perdedores.
En la lista de los perdedores hay que empezar por el Estado de Guatemala que, por un lado, pierde el resarcimiento de más de US$17.9 millones –más de Q130 millones–, y por el otro muestra la permeabilidad que existe para que los corruptos salgan con la suya.
La Justicia como institución sufre un desgaste gigantesco al mostrar que la impunidad está por encima de la ley. En entredicho magistrados, cortes, salas de apelación y, por encima de todos, el MP.
Los ganadores son Odebrecht, que no tiene que pagar ningún resarcimiento, el exministro Alejandro Sinibaldi, quien puede aún salir indemne de los procesos y no tendrá que devolver los sobornos recibidos. Baldizón, porque tampoco será implicado en el caso más, a pesar del testimonio inicial de Sinibaldi y la propia Odebrecht.