El Tribunal de Mayor Riesgo «A», a cargo de la jueza Yassmin Barrios, emitió penas de 30 años de prisión a cinco expatrulleros de autodefensa civil acusados de violencia sexual a un grupo de mujeres Achí durante el conflicto armado interno.
Los ahora sentenciados son: Bernardo Ruíz Aquino, Bembenuto Ruíz Aquino, Francisco Cuxum Alvarado, Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado, quienes comparecieron en la audiencia por medio de videoconferencia desde la cárcel de Fraijanes.
«Este tipo de delitos evidencia la condición de la mujer en situación de pobreza, en los cuales, sus más fundamentales derechos fueron vulnerados, en donde las autoridades, en lugar de protegerlas, olvidaron su obligación de garantes y utilizaron la fuerza física y psicológica en su mayores extremos, convirtiéndolas en objetivos de guerra para lograr la inutilización y vencimientos de las personas consideradas como enemigos», indicó el tribunal previó a dictar sentencia.
Asimismo, señaló: «!A los juzgadores se nos resulta totalmente denigrante los tratos a los que fueron sometidas. Es una muestra clara de esclavitud y de fuerza de poder«.
“Con esta resolución el Tribunal ha cumplido con su responsabilidad de administrar justicia”, dijo la jueza presidenta Yassmin Barrios.
La audiencia de reparación digna será el próximo 27 de enero.
El caso
El caso de las mujeres Achí, originarias de Baja Verapaz, aglutina a 36 mujeres víctimas durante el conflicto armado que sufrieron continuas violaciones sexuales de parte de estos expatrulleros que lograron ser identificados.
Aunque las denuncias fueron presentadas en 2011, fue hasta el 6 de enero que inició el juicio contra los señalados y dos semanas después, el Tribunal dará a conocer sus argumentos para la posterior sentencia.
En la última semana del juicio, el tribunal escuchó quince testimonios presenciales y en anticipo de prueba, además de conocer seis peritajes que presentaba las consecuencias de la violencia sexual en contra de estas mujeres.
Uno de los testimonios presentados en anticipo de prueba fue el de la religiosa Gregoria Barcárcel de la congregación Hijas de la Caridad, quien desde 1976 está asentados en Rabinal con programas sociales que asisten a la población.
Según mencionó, en el último lustro de la década de los 70, lograron trabajar bien hasta que la represión aumento a partir de 1980, cuando la población de Rabinal les advirtió no llegar al lugar por los riesgos que podrían correr.
“Cuando comenzó la represión empezamos a recibir información. Después de la masacre de Agua Fría las señoras llegaban con nosotras y una llegó a decirnos que a las viudas después de la masacre las amarraban y se las llevaban a una casa que usaban los paramilitares y los soldados y las violaban”, dijo.
También declaró la señora Pedrina López de Paz quien dijo que tenía doce años cuando los patrulleros Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino la violaron frente a sus hermanos, como producto del hecho, tuvo un sangrado que le duró más de un mes.
“Me violaron más de una vez, me dolía mi cintura, el cuerpo, la cabeza y dolor en el corazón, eso no se me quita”, indicó frente al tribunal.
“Testimonios no son congruentes”
Según el abogado Julio César Colindres, quien defiende a los hermanos Francisco y Damián Cuxum Alvarado dijo “la declaración testimonial no es congruente, no es posible que hayan amarrado a una niña de tan corta edad a un palo”.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), quien es querellante en el proceso, también presentó sus conclusiones y rechazó los testimonios presentados, indicando que no se demostró que los acusados tienen vínculo con el Estado.
“No hay un solo documento donde pueda establecerse la vinculación de mis defendidos y que acrediten que eran miembros de las PAC”, dijo por su parte la abogada María Teresa Martínez.
Sin embargo, en el juicio se presentó un listado de los expatrulleros hecho por el Ministerio de Gobernación donde aparece los nombres de sus defendidos, los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino.
Los acusados también se dirigieron al tribunal a través de una videollamada desde la prisión donde se encuentran y negaron todos los señalamientos.
“Soy inocente, no cometí ningún delito. Tengo 57 años, no sabemos nada, no hemos hecho nada y aquí estamos en el nombre de Dios”, dijo por su parte Bernardo Ruiz Aquino.
La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público solicitó una pena máxima, de 30 años de prisión, contra 4 de los acusados mientras que en el caso de Gabriel Cuxum Alvarado solicitó la pena máxima para los delitos de alteración del estado civil y usurpación de nombre supuesto ya que se le señala de haberse cambiado el nombre para evadir la justicia.