Elementos del Ejército ingresaron por la fuerza hace casi 35 años a la vivienda de un menor de 14 años, lo arrancaron de los brazos de su madre y padre y se lo llevaron. Hasta el día de hoy, no ha vuelto a aparecer. Tras décadas de lucha para que se haga justicia, cinco ex altos militares son sentados frente a un juez y son sindicados de ser los presuntos responsables de la desaparición forzada.
Pavel Arellano / parellano@crónica.com.gt
Lucrecia Molina se encuentra sentada en el Juzgado de Mayor Riesgo C, en la Torre de Tribunales, acompañada de sus abogados, mientras la audiencia acerca del caso de desaparición forzada de su hermano, Marco Antonio, ocurrida hace casi 35 años, da inicio.
Cuando su pariente fue capturado por el Ejército, el 6 de octubre de 1981, tenía solo 14 años, y es uno de alrededor de 45 mil guatemaltecos que fueron víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno.
En dicha audiencia, llevada a cabo el pasado 19 de agosto, el Ministerio Público (MP) también imputó más delitos a los exmilitares de alto rango acusados. A Benedicto Lucas García, exjefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial, lo sindicó de delitos de deberes contra la humanidad y desaparición forzada.
Por este caso también están procesados los siguientes exintegrantes del Ejército: Manuel Callejas, contra quien se amplió la acusación por violación y delitos contra los deberes de humanidad; en tanto que contra Edilberto Letona, Hugo Ramiro Saldaña y Francisco Gordillo, se planteó el mismo requerimiento por violación con agravación de la pena.
Luego de 3 horas y media, el juez suspende el caso y busca, en su pequeña libreta, la fecha en la cual decidirá reanudar la audiencia, la fija para el próximo 29 de agosto.
Al salir los exintegrantes de las Fuerzas Armadas acusados, son saludados por sus familiares con abrazos y besos y entre carteles que dicen inocente. Otro grupo que está afuera del juzgado, los abuchea.
La tragedia llega a casa
El 26 de septiembre de 1981, Emma Guadalupe Molina Theissen —hermana de Marco Antonio— fue retenida por el Ejército y trasladada a la brigada militar Manuel Lisandro Barillas, ubicada en Quetzaltenango, creyendo que era enemigo interno y un riesgo para la seguridad nacional, debido a que en sus ropas traía información que la ligaba al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).
Durante su estancia en la brigada, precisamente en los días 27 y 30, Emma sufrió una incontable cantidad de abusos que iban desde lo verbal y psicológico hasta los golpes y violación sexual por parte de sus captores.
Sin embargo, la vida le dio una segunda oportunidad y logró escapar de la brigada militar y se refugió con habitantes aledaños a la zona.
Este hecho fue solo el detonante para la verdadera tragedia. Un día después de la huida de Emma, tres miembros de las Fuerzas Armadas, vestidos de manera casual, intervinieron en el hogar de la familia Theissen, ubicada en la Sexta avenida 2-35 de la zona 9, colonia La Florida.
Engrilletaron al joven Marco Antonio y registraron toda la casa. Al no encontrar rastros de su hermana recién fugada, se lo llevaron en un picop blanco y le cubrieron la cabeza con un costal. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.
El camino para exigir justicia ha sido largo y tortuoso, y fue hasta el pasado 6 de enero que los exmilitares fueron capturados y cinco días después rindieron su primera declaración.
Viva la esperanza
Al terminar la audiencia, Lucrecia sale con una actitud serena. Al ser abordada por Crónica, asegura que hay un verdadero progreso, porque el caso ya llegó a tribunales y espera una resolución pronta del mismo.
Es el cumplimiento de la ley que tanto estábamos esperando. El caso tenía que reconocerse en un tribunal de mayor riesgo. Creo que la apretada agenda del juez puede ser un inconveniente para que la audiencia se tarde más de lo necesario, afirmó la hermana del adolescente desaparecido durante la guerra interna.
Luego agregó: Lo que ocurrió con Marco Antonio fue un castigo en contra de la familia por ser parte de la oposición política a los regímenes militares de aquel entonces. La rebeldía y el ejercicio de nuestros derechos políticos causaron resquemor y el cierre de los espacios políticos, además de varias persecuciones maliciosas en nuestra contra.
El día de la tragedia, Lucrecia no se encontraba en casa porque había salido con una amiga. Mis papás y mis hermanas nos dedicamos a buscar a Marco Antonio. Emma salió del país en 1982 con destino a México, el resto de la familia se quedó para continuar con la investigación, hasta que salimos del país en 1988, recuerda la entrevistada.
Lucrecia está plenamente consciente de que el caso puede tomar varios giros inesperados, pero confía en que se dará castigo a los que lo separaron de su hermano: Lo sigo viendo difícil, creo que los abogados defensores, con todo su derecho, van a recurrir a todas los recursos para impedir que sus defendidos sean condenados, hay que alentar que todo salga de manera íntegra, con respeto hacia las partes sin amenazas y un clima de seguridad para todos.
Al referirse al tema, Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), asegura que se estima que durante el conflicto armado alrededor de 45 mil personas fueron víctimas de desaparición forzada.
Es un estimado, debido a que no hay un registro nacional de víctimas que de un dato real. Algunas de esas personas han sido encontradas en terrenos o en cementerios clandestinos. Investigar un caso de desaparición forzada es complicado porque, por lo general, al momento del secuestro la persona estaba sola y porque no hay un cuerpo al cual hacer una autopsia para identificar las causas de muerte, explica el activista de derechos humanos.