El Ministerio Público (MP) presentará una solicitud de retiro de antejuicio en contra del diputado Jorge García Silva. La institución accionará en contra del congresista por un caso de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).
Esa investigación fue dada a conocer en noviembre del año pasado, pero será hasta hoy que la Fiscalía contra la Corrupción pedirá que se le levante la inmunidad al legislador.
Por este expediente ya fueron ligados a proceso la esposa e hijo del funcionario. La pesquisa detalla que empresas vinculadas al parlamentario habrían recibido contratos millonarios en el ente climático. Las adjudicaciones a favor de las sociedades de García Silva, según el MP, ascendieron a Q28 millones.
MP no apeló fallo
El MP no apeló la resolución del Juzgado Quinto Penal que dejó en libertad condicional a los familiares del diputado García Silva, así como a otras siete personas que estuvieron prófugas y quedaron vinculadas al caso de corrupción Insivumeh.
El jefe del Departamento de Prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, comunicó que la Fiscalía contra la Corrupción continuará fortaleciendo la investigación y que por estrategia decidió no presentar una impugnación contra las medidas sustitutivas.
“La fiscalía continuará fortaleciendo la investigación ya que se cuenta con suficientes elementos que sustentan la misma. Por estrategia fiscal no se apeló”, agregó Pantaleón.
El caso
Según informó el Ministerio Público, una denuncia interpuesta el 21 de noviembre de 2020 alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.
Un cable de la agencia de noticias EFE hizo referencia a una investigación del diario “La Hora”, en la que se detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.
El 5 de noviembre, el Ministerio Público coordinó las primeras capturas del caso. Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, luego dijo que “la Fiscalía estaba trabajando en ello de momento”.
El Ministerio Público agregó que, aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien fungía como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.
Agregó que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.
Además, el MP refirió que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.