La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Pubóc se encuentra a la espera que se fije fecha para la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso Creompaz; en este caso el Juzgado de Mayor Riesgo A dictaminó el pasado de 7 de junio de 2016, que ocho militares en situación de retiro deben enfrentar juicio.
Los sindicados están vinculados a delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (CREOMPAZ), ocurridos entre los años 1981 y 1988 durante el conflicto armado interno.
Entre ellos se encuentran, el exjefe del Estado Mayor del Ejército, General Manuel Benedicto Lucas García y los oficiales César Augusto Cabrera Mejía, Juan Ovalle Salazar, Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, Raúl Dehesa Oliva y César Augusto Ruiz Morales.
La investigación de este caso inició en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como Plan de Sánchez, en la que fueron condenadas ocho personas a 7 mil 710 años de prisión.
Durante las pesquisas que duraron tres años, se obtuvo diferente información y tras llevar a cabo una serie de allanamientos se logró la excavación de 14 sitios, de los cuales cuatro de ellos se localizaron osamentas humanas que estaban en forma colectiva y con señales de haber sido víctimas, de violencia previo a ser enterradas.
Medios de investigación
A la fecha el Ministerio Público ha presentado una serie de medios de investigación donde figuran los hallazgos de 565 osamentas humanas localizadas en el interior del antiguo recinto militar, ubicado en la Base Militar número 21, en Alta Verapaz, conocido anteriormente como “Antonio José de Irisarri”.
De los restos localizados, el MP estableció que 94 correspondían a menores de edad; mientras que 471 osamentas corresponden a hombres, mujeres y adultos de la tercera edad; y a la fecha de la presentación de la acusación presentada por el Ministerio Público 128 restos óseos habían sido identificadas por ADN.
La Fiscalía también cuenta con la declaración de dos testigos protegidos que narraron los actos cometidos por el Ejército y varios peritajes.
En las pesquisas que realizó el Ministerio Público identificó los siguientes patrones en las víctimas: se trata de población civil no combatiente, especialmente niños, mujeres, jóvenes y ancianos. Las personas desaparecieron en las mismas circunstancias y fueron localizadas en fosas dentro de la Zona Militar ya mencionada.
Solicitud de antejuicio
Por este caso se presentó el pasado 6 de enero de 2016, una solicitud de antejuicio ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del Organismo Judicial, en contra de Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien desempeñó un puesto de rango militar durante el año 1983, fecha en la cual en cementerios clandestinos se inhumaron a varias víctimas desaparecidas y ejecutadas.
La solicitud de antejuicio fue rechazada in limine por la Corte Suprema de Justicia, ante tal situación la Fiscalía planteó Acción Constitucional de Amparo, misma que el día 18 de agosto de 2016 fue declarada con lugar por la Corte de Constitucionalidad, quien ordena a la Corte Suprema de Justicia dictar una nueva resolución debidamente fundamentada.
Recurso de apelación
En este caso también están vinculados Ismael Segura Abularach y Gustavo Rosales García, a quienes la judicatura dictó el 7 de junio de este año, la clausura provisional y libertad inmediata. La Fiscalía al estar en desacuerdo con dicha resolución, presentó un recurso de apelación.
Hasta el día de ayer al medio día el Ministerio Público fue notificado de las resoluciones que declararon sin lugar los recursos de apelación planteados por las clausuras y sobreseimientos ordenados por el órgano contralor de la investigación, por tal motivo la Fiscalía a cargo se encuentra en el análisis de las resoluciones a efecto de interponer Acción Constitucional de Amparo, que es lo que procede de conformidad con la ley.
*Fotografía e información del MP