Luego de apelar ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el abogado Alfonso Carrillo presentó un amparo contra la Junta Directiva de ese gremio para que se suspenda en definitiva la elección de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).
De acuerdo con el jurista, el propósito del recurso es que se le ordene a la autoridad reclamada efectuar una nueva convocatoria en cumplimiento de los méritos y requisitos constitucionales y legales que demanda la ley
“No se incluyó que los aspirantes deben cumplir con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, y, conforme lo prevé el artículos 113 de la Constitución de la República; ser de reconocida honorabilidad como lo prevé el artículo 270 de la Constitución de la República y acreditar los 15 años de ejercicio profesional que exigen los artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”, indicó el profesional del derecho.
El jurista agregó que se los candidatos deben acreditar los 15 años de “ejercicio profesional” como abogad. “Es un requisito preferente conforme lo exige el artículo 152 de la Ley de Amparo y que el Colegio debe atender porque se trata de una elección entre los profesionales del derecho que ejercen la profesión de abogado en forma liberal, y así garantizar que la Corte de Constitucionalidad sea equilibrada e independiente, tal como la concibió la Asamblea Nacional Constituyente”, indicó.
El abogado Alfonso Carrillo indicó que en segundo punto acudió en amparo ante la amenaza inminente, futura y cierta, de que resulten electos en la Asamblea del CANG, convocada para 11 de enero del año 2021, aspirantes que no cumplan con estos méritos constitucionales y el requisito de ejercicio profesional de la abogacía que la Ley de Amparo exige, en este caso el juez Mynor Moto y el exretor de la Universidad de San Carlos de Guatmala, Estuardo Gálvez.
La Sala de la Corte de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo, puede otorgar el amparo provisional y suspender la segunda vuelta.
Tanto Moto como Gálvez han sido señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en investigaciones por supuestos vínculos con Gustavo Alejos. El exrector de la USAC también es vinculado a una pesquisa por contratación con posibles irregularidades de obra gris en esa casa de estudios.