- Esta entrevista con la dirigente del Movimiento Pro Justicia sea hizo para revista Crónica digital antes de la elección del Congreso para magistrados de la CC, razón por la que el tema no se abordó con ese elemento presente.
Sin Justicia, no hay democracia, al menos no funcional. Guatemala atraviesa en medio de una serie de elecciones institucionales que definirán si la Justicia sigue cooptada por fuerzas antidemocráticas o se logra rescatar. Para hablar del tema, nada mejor que alguien con décadas de luchar por la independencia judicial y el Estado de Derecho
Gonzalo Marroquín Godoy
Carmen Aída Ibarra es directora de la Coalición Movimiento Pro-Justicia, un espacio para la participación ciudadana en defensa del Estado de Derecho. Muy pocos líderes pueden hablar con el conocimiento que ella tiene sobre la realidad del país. Esta es la entrevista que sostuvo con Crónica:
Organismos internacionales y grupos pro-justicia en Guatemala han denunciado reiteradamente la falta de independencia de la justicia en Guatemala… ¿Hasta dónde hemos llegado y como afecta esto a la democracia?: La situación es verdaderamente grave, porque, sin que hubiera cambio de leyes, en la práctica se regresó a la senda antidemocrática, a un sistema inquisitivo en la que no se investiga ni juzga a las personas, sino solo papeles. Me refiero a los casos de persecución política, a la criminalización de críticos, adversarios u opositores políticos, a quienes han llegado a considerar “enemigos internos”. Ahí entran operadores de justicia independientes, periodistas, políticos, académicos, estudiantes, líderes indígenas y campesinos.
Históricamente, la falta de independencia judicial tenía raíces en el uso de la violencia y la intimidación para generar impunidad a personas y grupos con poder, con lo cual se sometía a jueces y magistrados.
Luego llegó la corrupción y se engrandeció su uso como medio para generar impunidad. Y ahora se combinan esos factores con un desprecio a todo aquello que no se puede controlar, y conjuntamente fiscales, jueces y magistrados aplican la ley de forma antidemocrática, anulando los avances que tuvimos a partir de la Constitución promulgada en 1985.
Envuelven a fiscales, jueces y magistrados en tramas corruptas y antidemocráticas, represivas, quizá en algunos casos también influyen las cuestiones ideológicas, o el solo gusto de ejercer poder.
¿Qué aspectos negativos –de manipulación, principalmente– se han visto en las elecciones para magistrados del TSE?: En el caso del TSE, operadores de una alianza multisectorial por la impunidad y el control institucional cooptó el foro de rectores y de decanos de las facultades de derecho (de las universidades privadas), y lograron cooptar –en alianza con el rector y el decano de la USAC– la comisión de postulación.
Querían evitar que los representantes del Colegio de Abogados, los rectores y los decanos democráticos, decentes, tuviesen mayoría en la comisión para tomar las decisiones.
El resultado es una lista de candidatos cuya honorabilidad no fue examinada, se aplicó un instrumento de evaluación totalmente deficiente, y la evaluación fue realizada en total opacidad. Pero eso fue la puesta en escena, porque los nombres evidentemente habían sido predeterminados con el concurso de dirigentes políticos y algunos diputados.
Hemos sostenido en Crónica que se envió al Congreso una lista de abogados más bien grises y la embajada de EEUU advirtió que no se incluyera a abogados vinculados al crimen organizado… ¿Se puede rescatar algo en la elección del Congreso o tendremos un TSE mediocre y peligroso para los siguientes dos procesos de elecciones generales?: En mi opinión, ese proceso se perdió totalmente. Entre los 20 candidatos hay unos pocos que no tienen tachas conocidas, pero no son figuras fuertes. El TSE debe ser recuperado y ahí se necesita fortaleza para regir el sistema de partidos políticos, no que los partidos rijan al pleno de magistrados del TSE.
Entre los 20 encontramos magistrados que favorecieron a gente implicada en despojo de tierras y lavado de dinero en áreas de tránsito sensible del narcotráfico.
Otros amañaron elecciones gremiales, incumplimiento mandatos de la Ley de Comisiones de Postulación.
A lo sumo, tendremos un TSE mediocre, débil y cooptado por los partidos políticos, dispuestos a negociar decisiones antidemocráticas.
Tras fracasar en su primer intento por ir a la CC, la fiscal general Consuelo Porras se promueve para un tercer período, aunque no tiene posibilidades reales de ser nombrada por el presidente Bernardo Arévalo. ¿Cree que hay alguna estrategia oscura detrás de esto?: Yo creo que sí hay una estrategia. Siguen dándole vueltas al magín para lo siguiente: que el presidente Bernardo Arévalo NO elija al próximo fiscal general, pues tienen la impresión de que Consuelo Porras tiene el expediente indicado para ser la más alta o una de las más altas calificaciones, y están confiados en que la comisión se verá obligada a nominarla para un tercer período al frente del MP.
Algunos le llaman “pacto de corruptos”, otros dicen que son “fuerzas antidemocráticas” manipulando la justicia: ¿qué fuerzas están detrás de todo este entramado que se mantiene vigente en el país, con sus tentáculos dentro de las instituciones de la justicia?: Yo le llamo “Alianza multisectorial por la impunidad y la cooptación de las instituciones”.
No es sólo un pacto entre corruptos. Es algo mucho más grande, porque quieren enriquecerse a base de negocios (algunos ilícitos, otros lícitos), quieren impunidad para todo lo que hagan y que pueda rozar la criminalidad de los aliados, sus grupos, amigos y familiares.
Es una alianza de muchos sectores: diputados, alcaldes, algunos fiscales, jueces, magistrados (CC, CSJ, Corte de Apelaciones), magistrados del TSE, algunos rectores, algunos decanos, empresarios, grupos gremiales (Aspa, Ugap, Brújula gremial, Avanza, entre otros).
Desde el 2017 empezaron a modificar algunas leyes para preservar impunidad. Por ejemplo, eliminaron el delito de financiamiento electoral ilícito. Por eso muchos se salvaron de ir a la cárcel. Luego, quisieron expulsar a la CICIG, pero no pudieron. Tuvieron que esperar a que se agotara el mandato en 2019, y ya no lo renovaron.
Desde entonces empezaron a cooptar instituciones y la primera gran conquista fue la presidencia de Jimmy Morales. Luego cooptaron el MP y negociaron con jueces y magistrados. Y así, fueron encontrando estrategias para mantener la cooptación, misma que ahora está perdiendo algunos espacios.
Algunos dicen que la sociedad civil está más fuerte que nunca, que las redes sociales le dan cuerpo. Otros, por el contrario, ven que hay muchas opiniones en redes, pero que ha desaparecido el activismo y las demostraciones sociales que antes podían influir. ¿Cuál es tu opinión?: Yo creo que la ciudadanía, las corrientes de opinión pública y las organizaciones sociales están atomizadas. Hay espacios para hacer alianzas, buscar consensos, generar agendas en común, pero en realidad se trata de espacios frágiles.
Hay falta de información y son vulnerables a la desinformación porque en realidad ya no se busca información de calidad, habiendo tantos medios ahora para mantenerse debidamente informados.
Sin embargo, hay corrientes de opinión pública en los diferentes sectores de la sociedad que sí están informados, combaten a su manera la desinformación, y son quienes –en su ámbito– tratan de cambiar el estado de las cosas.
Veamos, por ejemplo, que una de esas corrientes emergió en el Colegio de Abogados y la participación no se quedó sólo en tuits, vídeos y críticas. Fueron a votar y mandaron a descansar –por ahora– a viejos liderazgos como el de Estuardo Gálvez; y acabaron con figuras más recientes como Néster Vásquez (figura con poder, no líder). Han posicionado en cargos relevantes a figuras nuevas como Goyo Saavedra, Edgar Ortiz y Astrid Lemus (ella con amplia trayectoria, muy respetada en círculo académicos).
Esa catapulta la movieron corrientes jóvenes o de mediana edad, con pensamiento crítico. ¿Cuánto durará? ¿Se va a consolidar esa nueva correlación de fuerzas? Es pronto para tener una respuesta.
¿Qué se ha visto bueno, malo y feo en la Comisión de Postulación para magistrados al TSE?: No vi nada bueno en el proceso de postulación de candidatos a magistrados del TSE.
El perfil no estuvo a la altura y la tabla de gradación fue un desastre. Imaginemos cuán malo fue el instrumento de evaluación que incluso darían puntos por haber integrado una comisión de postulación al TSE, cuando esa comisión tiene vida apenas un mes. No se puede equiparar a servir como juez o magistrado, o fiscal, o ejercer la profesión en general.
Quizá lo único positivo ver entre los aspirantes a profesionales idóneas, capaces, honorables como Claudia Maselli, Arabella Castro, Anaisabel Antillón, Ana Elly López, el juez Carlos Pérez Cheguen.
Pero los dejaron fuera precisamente por honorables…
Lo mismo sobre la postulación para fiscal general. ¿Puede ser que al presidente Arévalo le llegue una lista de seis candidatos grises?: Hay entre los aspirantes muy buenos perfiles para que el presidente elija a un profesional que recupere al MP de la embestida de impunidad de los últimos ocho años, y retorno a la senda del trabajo institucional democrático.
Pero veremos que sucede…
Qué riesgo enfrenta la nueva integración de la CC. ¿Se pueden esperar mejores magistrados o esas fuerzas oscuras lograrán tener al menos tres representantes para mantener el control?: Es un proceso muy vulnerable el de la CC, porque es el ente determinante de todo. Los riesgos siempre están asociados a que elijan profesionales con vinculaciones inconfesables.
En este momento, todos los procesos de elección de CC (en los 5 entes que designan o eligen) están en riesgo, porque están empezando o están a mitad de la designación.
En el Colegio de Abogados, donde Astrid Lemus y Fernando Bermejo ganaron de manera contundente, se enfrenta el riesgo de que el MP logre la anulación de la elección, alegando fraude.
En el Consejo Superior Universitario de la USAC el problema es la ilegitimidad de la mayoría de los integrantes del Consejo, porque se niegan a elegir en el caso de los períodos vencidos y se niegan a darle posesión a quienes ya resultaron electos y no son aliados o serviles de Walter Mazariegos. Además, hay acusaciones contra la elección de la jueza Julia Marisol Rivera, porque supuestamente no llena los requisitos para el cargo y habría problemas en su expediente. Eventualmente esa elección podría afrontar riesgos de anulación.
Los procesos de designación en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y en el ámbito del presidente, todo va aparentemente sin problemas.
Con tu experiencia acumulada… ¿qué debiera hacerse de cara al futuro para garantizar que la justicia no vuelva a caer en manos manipuladoras?: Lo único que podría cambiar el sendero fangoso por el que han transcurrido las elecciones de segundo grado para el sector justicia, es la reforma constitucional. Que hagan valer la carrera judicial y haya procesos verdaderamente técnicos para nombrar magistrados.
También aplica para el TSE, aunque en ese ámbito es posible mejor el proceso vía reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En el caso del MP también precisa cambio constitucional y respeto a la carrera fiscal.
¿Qué daño deja la criminalización que ha llevado a cabo el MP –con el apoyo de jueces y cortes–, en contra de exjueces, exfiscales, periodistas, dirigentes indígenas, y demás?: Es un sistema de justicia criminalizador, inquisidor, antidemocrático. Urge retornar a la senda de la modernización y la democratización que se inició en 1987, con el impulso de las reformas de la CSJ presidida por Edmundo Vásquez Martínez y que fue caminando bien, hasta que los sectores poderosos sintieron la necesidad de enderezar y fortalecer los patrones de impunidad; y vengarse de quienes los sentaron en el banquillo ante los jueces.
¿Algo importante que hayamos dejado en el tintero?: Es indispensable que los sectores responsables empiecen a diseñar una reforma constitucional sectorial. Diputados, jueces y magistrados, el sector académico y los centros de pensamiento deben iniciar un proceso de análisis de la reforma constitucional necesaria.
También es preciso que desde los diferentes sectores se promueva la formación política democrática de los ciudadanos, a efecto de mejorar su incidencia y participación en procesos de este tipo.