Se les acusa de malversación y de «actos que menoscaban la soberanía» al incitar la injerencia extranjera
La Policía de Nicaragua ha detenido este jueves a los dos máximos líderes empresariales del país, el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, por varios delitos, entre ellos «lesionar intereses de la Nación».
Los detenidos también estaría acusados de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización». Además, se les acusa de malversación de bienes.
Asimismo, la Policía también ha acusado en un comunicado, recogido por ‘La Prensa’, a los principales dirigentes empresariales del país de «proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exigir y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado».
Healy ha sido arrestado durante la mañana de este jueves en Managua después de salir de una «entrevista» a la que había sido citado por el Ministerio Público que, sin embargo, ha sido finalmente aplazada. Tras su detención, las fuerzas de seguridad nicaragüenses han allanado la casa del presidente del COSEP.
El órgano empresarial también ha denunciado en un comunicado que el conductor de Healy también ha sido detenidos en unas acciones que «violentan los derechos individuales establecidos en la Constitución y los Derechos Humanos reconocidos por los tratados internacionales suscritos por Nicaragua».
«El país necesita paz y estabilidad», ha pedido el COSEP, a la vez que ha urgido a la «liberación inmediata» de sus dirigentes.
A poco menos de tres semanas de las elecciones presidenciales, Nicaragua está atravesando una crisis política y social marcada por la represión del presidente, Daniel Ortega, cuyo resultado ha sido el encarcelamiento de críticos y opositores en un clima de violación de los Derechos Humanos que ha llevado a la comunidad internacional a alertar sobre el posible no reconocimiento de los resultados de los comicios.