Las autoridades de Guatemala detuvieron este miércoles a un hombre acusado de participar en la masacre de 177 indígenas, incluidos 107 niños, perpetrada en 1982 en una aldea al norte del país durante la guerra civil (1960-1996), al llegar deportado de Estados Unidos.
El guatemalteco, identificado como Francisco Cuxum Alvarado, de 64 años, fue entregado por agentes federales estadounidenses a miembros de la policía guatemalteca en el interior de la base de la Fuerza Aérea de la capital, dijo el inspector policíaco Edwin Monroy.
Cuxum Alvarado fue detenido de inmediato a raíz de una orden de captura en su contra por delitos de lesa humanidad emitida por un juzgado penal de la capital el 10 mayo 2018.
El hombre entró ilegalmente a territorio norteamericano por primera vez en 2004, pero fue detenido por las autoridades migratorias y deportado. Posteriormente volvió a ingresar a Estados Unidos antes de ser arrestado el 30 de mayo pasado cuando fue ubicado en Waltham, Massachusetts.
Según un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés), Cuxum Alvarado fue deportado tras ser condenado por una corte federal de Estados Unidos a seis meses de prisión por volver a ingresar de manera ilegal a ese país y no por la acusación en Guatemala por el caso de la masacre.
Pero los documentos de la corte estadounidense indican que a principios de los años 80 el guatemalteco integró las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC, creadas por el ejército), que cometieron una serie de masacres contra indígenas maya achí de Río Negro, en el municipio de Rabinal y sus alrededores, en el norte del país.
«En 1998, Cuxum Alvarado fue declarado como uno de los sospechosos de la masacre de 177 personas, incluyendo 107 niños, en el Cerro Pacoxom, el 13 de marzo de 1982», según esos textos.
En comunidades aledañas los militares y miembros de las PAC «cometieron actos de violencia sexual contra mujeres maya achí durante los 80s y masacraron a más de 400 personas».
La guerra civil guatemalteca terminó el 29 de diciembre de 1996 y dejó 200,000 muertos y desaparecidos, reveló en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU. El 93% de las atrocidades fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado, muchas de ellas masacres en poblados indígenas.