- Un comisario, dos mandos y cuatro agentes fueron detenidos por presuntas irregularidades en la captura de los hermanos Choc.
- El caso golpea a una dependencia con antecedentes de corrupción y aumenta la presión sobre Gobernación y el presidente Arévalo, quien cerró la semana sin realizar La Ronda.
Redacción Crónica
Una semana después del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en Campo Marte, la investigación produjo un giro: siete integrantes de la Comisaría 13 fueron capturados por su presunta participación en las irregularidades cometidas contra los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, inicialmente presentados como sospechosos del doble crimen.
Las detenciones, ejecutadas el viernes 23 de octubre, alcanzan a un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes. Las órdenes fueron emitidas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de Guatemala. Se trata de capturas por el procedimiento contra los hermanos, no de una identificación judicial de los autores del asesinato ocurrido el sábado 17 de octubre.
El Ministerio Público informó de señalamientos por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego. Las diligencias incluyeron 11 allanamientos, entre ellos actuaciones en la Comisaría 13 y en la sede del Distrito Central de la PNC. Las responsabilidades individuales deberán establecerse ante juez.
De una supuesta captura inmediata a la investigación de los captores
Los hermanos Choc fueron detenidos en la zona 16 después del ataque en las canchas de Campo Marte, zona 5 capitalina. La versión policial sostuvo que transportaban una carabina, municiones, un cargador y un chaleco táctico dentro de una mochila utilizada para repartir comida.
Ambos negaron su participación y pidieron revisar las cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos. El domingo 18 de octubre, después de que el propio MP solicitara que no fueran ligados a proceso, un juzgado dictó falta de mérito y ordenó su libertad.
La investigación pasó entonces a examinar la actuación de los policías. Gobernación sostuvo que ordenó pesquisas internas desde que conoció los señalamientos, adoptó medidas administrativas y colaboró con las autoridades judiciales. Al comunicar las capturas, aseguró que la revisión de la PNC continuará en todos los niveles de mando.
Traslados y movimientos fuera del procedimiento
Las dudas no se limitan al arma. Ante diputados, el subdirector general de Operaciones, Esvin Jacinto, reconoció que los hermanos fueron llevados a una subestación cuando debían ser trasladados directamente a la Torre de Tribunales.
También se documentaron cambios de patrulla y movimientos que, según Jacinto, no fueron comunicados a los superiores. El funcionario admitió un “rompimiento de la línea de mando”. La explicación dejó pendiente quién ordenó esas decisiones y qué ocurrió durante el lapso entre la captura y la presentación judicial.
El fusil sigue siendo una pieza sin explicación completa
La PNC confirmó que la carabina presentada como incautada está registrada a nombre de un particular y no tiene reporte de robo. Sin embargo, la información divulgada no incluyó la identidad de su propietario ni explicó cómo llegó al procedimiento.
El registro permite rastrear el arma, pero no demuestra quién la portaba ni resuelve la denuncia de que pudo haber sido colocada a los hermanos. Tampoco establece, por sí solo, una relación con el doble asesinato.
El MP indicó que tanto la presunta colocación del arma como las circunstancias de ambas muertes continúan bajo investigación. Las capturas de los policías representan una actuación penal concreta, aunque todavía corresponde probar los hechos atribuidos a cada detenido.
Comisaría 13: antecedentes que alimentan la desconfianza
La reputación de la Comisaría 13 tiene antecedentes documentados. El propio director de la PNC, David Custodio Boteo, reconoció ante el Congreso prácticas de corrupción en esa dependencia y describió casos en los que policías dejan libres a conductores ebrios a cambio de beneficios indebidos. También informó de cambios y rotaciones de personal.
Los señalamientos abarcan distintos años y hechos. En 2016 fueron capturados tres agentes asignados a la comisaría por su presunta participación en una estructura vinculada con secuestros, sicariato y robo de droga. En mayo de 2026, otros dos policías de esa unidad fueron detenidos por falsedad ideológica, después de que se les señalara de exigir Q15 mil a un ciudadano.
La prensa también documentó en 2008 denuncias por robo contra subinspectores y bajas de personal por presuntos secuestros, extorsiones y abuso de autoridad. Estos antecedentes explican el deterioro de la confianza, aunque no prueban una responsabilidad colectiva de todos los policías de la dependencia ni una conexión automática entre los casos.
Las hipótesis: confusión, fabricación de indicios o desvío de la investigación
Una línea central de las pesquisas es la posible fabricación de evidencia contra los hermanos. Si se confirma, será necesario establecer quién decidió colocar el arma, de dónde la obtuvo y qué propósito perseguía.
Otra interrogante es si las capturas respondieron a una identificación equivocada seguida de actuaciones ilegales, o si buscaron desviar deliberadamente la investigación. El criminólogo y exsubdirector de la PNC Stu Velasco planteó públicamente esas posibilidades y advirtió que el tiempo dedicado a una captura sin sustento pudo perjudicar la persecución de los verdaderos responsables. Son escenarios por esclarecer, no conclusiones judiciales.
Sobre el móvil del asesinato, Velasco señaló como posibles líneas las denuncias de Solórzano Foppa sobre corrupción, estructuras criminales y la fuga de pandilleros de Fraijanes II. También pidió evitar atribuir al crimen una finalidad de desestabilización del Gobierno sin pruebas suficientes. Determinar por qué fue asesinado exige identificar a sus ejecutores y a quienes pudieron ordenar el ataque.
Arévalo cerró la semana sin La Ronda
La crisis también tiene una dimensión de rendición de cuentas presidencial. Bernardo Arévalo no realizó esta semana la conferencia de prensa La Ronda. El viernes 23, durante una actividad del Ministerio de la Defensa, periodistas intentaron consultarlo sobre el doble asesinato y posibles cambios en la cúpula policial, pero se retiró sin ofrecer declaraciones.
Esa ausencia redujo las oportunidades de interrogar directamente al mandatario durante una semana decisiva para el caso. No hay, sin embargo, información verificada que permita afirmar que la conferencia se omitió expresamente para evitar preguntas sobre Solórzano Foppa.
Arévalo había prometido encontrar a los responsables materiales e intelectuales cuando acudió al velorio del abogado el lunes 19. Ahora, además de los avances sobre el asesinato, siguen pendientes las respuestas sobre el control de la Policía, las responsabilidades de sus mandos y las garantías para los hermanos Choc.
Las siete capturas abren un proceso contra quienes participaron en la primera respuesta policial. A una semana del ataque, esclarecer esa actuación es indispensable, pero la exigencia principal permanece: determinar quiénes asesinaron a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, quién ordenó el crimen y si alguien intentó impedir que se conociera la verdad.