- Gobierno de Bernarado Arévalo denuncia que «se ha reactivado una persecución en contra de autoridades electas y funcionarios» por parte de la fiscalía
La Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), logró una orden de captura contra la exdiputada y directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, en nuevo capítulo en la batalla que libra el Ministerio Público (MP) contra el Ejecutivo y el Movimiento Semilla, provocando un fuerte pronunciamiento del Gobierno, que califica la acción de «ataque de actores antidemocráticos».
Nuevamente se han coludido la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), a cargo de FRafael Curruchiche con el juez Fredy Orellana, quien dictó la orden de prisión dentro del proceso que el MP llama «Corrupción Semilla».
El caso se mantiene bajo reserva desde su inició el año pasado, y ha servido para buscar procesos penales en contra varios de los integrantes del partido oficial –hoy suspendido por el juez Orellana a solicitud de la FECI–, en donde se pretende implicar, incluso, al presidente de la República, Bernardo Arévalo.
El Gobierno ha reaccionado a la captura de la directora de Instituto de la Víctima y excompañera de bancada de Arévalo en la legislatura anterior. Según un comunicado emitido por el Ejecutivo, se califica la captura de Hernández como un «ataque de la minoría corrupta», y recuerda que varios organismos internacionales y la ciudadanía en general, saben que «esos actores antidemocráticos están «atrincherados» en el MP.
Según el Gobierno, con las acciones de la fiscalía general, que dirige Consuelo Porras, se pretende «atacar instituciones democráticas y afectar la seguridad nacional».
Se destaca también que «las investigaciones de la FECI y las actuaciones del Juez Orellana no tienen ninguna credibilidad y por eso, estamos seguros de su inocencia y la de cualquier otro imputado en los casos que estas agencias plantean».
desde que el Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo ganaron las elecciones delaño anterior, el MP ha enfocado los esfuerzos del fiscal Curruchiche y la FECI para investigar un supuesto fraude y acosar a miembros del partido Semilla. En todos los casos abiertos en torno al proceso electoral, el MP ha utilizado al juez Fredy Orellana, quien acepta todas las solicitudes que recibe de la fiscalía y actúa contra los personajes implicados.
Tanto Orellana, como Curruchiche y la propia fiscal general Porras, han sido sancionados por varios países por ser considerados funcionarios «corruptos y antidemocráticos» y han sufrido la suspensión de sus visas o cancelado cualquier permiso para viajar a países como Canadá y los miembros de la Unión Europea (UE).
en medios de la propia FECI se asegura que en el futuro «podrían haber nuevas órdenes de captura», aunque no se da información de manera abierta, porque el personal tiene temor a represalias si dan declaraciones.