La confianza entre México y Estados Unidos sufrió una nueva herida con la captura de un exministro de Defensa acusado de narcotráfico. Además de tender un manto de duda sobre los militares mexicanos, revivió denuncias de que Washington espía a su vecino.
La detención en Los Ángeles del general Salvador Cienfuegos también tiene ribetes políticos, pues el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha convertido a las Fuerzas Armadas -responsables de la lucha antidrogas- en aliado clave ampliando sus facultades.
«Se ha vulnerado la confianza y la cooperación. Se rompieron todos los protocolos entre ambos países», dijo a la AFP Javier Oliva, especialista en asuntos militares de la estatal Universidad Nacional (UNAM).
- Cienfuegos, de 72 años, 56 de ellos en el Ejército
- trabajó como secretario de Defensa del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
- Identificado en la acusación como «El Padrino», mote que le habrían asignado los narcos, fue detenido el 15 de octubre cuando llegaba con su familia a Los Ángeles.
- No enfrentaba investigaciones en México, pero la fiscalía de Brooklyn lo señala de traficar drogas y lavar dinero entre diciembre de 2015 y febrero de 2017
- cuando habría protegido al «H-2», un capo surgido de las cenizas del cártel de los Beltrán Leyva, en declive desde 2010 por la captura y muerte de sus líderes.
Cooperación en riesgo
Aunque la acusación fue presentada en agosto de 2019, recién se divulgó tras su arresto, al parecer por recelo ante la enquistada corrupción entre altos funcionarios mexicanos.
De hecho, López Obrador, quien mantiene buenas relaciones con su homólogo Donald Trump, se quejó de que la agencia antidrogas DEA hubiera actuado a sus espaldas.
El mandatario asegura que con su gobierno se acabó la «intromisión» estadounidense, de la que pone como ejemplo una fallida entrega controlada de armas -entre 2006 y 2011- que terminaron en manos de criminales.
«Cienfuegos ya no era un funcionario, no había por qué informar», argumenta Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA.
Pero este desencuentro traería consecuencias.
«En México hay rencor y en las agencias estadounidenses muchos no quieren ya compartir información con militares que consideran corruptos», añadió Vigil a la AFP.
El caso está radicado en la misma corte que condenó a cadena perpetua a Joaquín «Chapo» Guzmán en 2019, y que procesa al exsecretario mexicano de Seguridad (2006-2012) Genaro García Luna, capturado en diciembre en Texas acusado de favorecer al cártel de Sinaloa.
«La corrupción se mueve por redes, no por individuos. Puede haber otros involucrados», advierte Francisco Rivas, director de la organización Observatorio Nacional Ciudadano.
Al menos cuatro excolaboradores de Cienfuegos siguen activos, aunque López Obrador asegura que él mismo seleccionó al actual secretario de Defensa, Luis Sandoval.
Espionaje
Algunos especialistas dudan, sin embargo, de las pruebas que asegura tener la fiscalía contra Cienfuegos.
«¿Cómo un general con una carrera brillante va a dar instrucciones en un teléfono abierto a un delincuente de bajo perfil?», cuestiona Oliva.
Según los fiscales, son miles de mensajes de Blackberry, lo que reflotó viejas sospechas de que agentes estadounidenses espían a funcionarios mexicanos.
«Me parece una intromisión de Estados Unidos brutal», declaró al diario El Universal Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad entre 2015 y 2018.
Sales atribuye estas «inverosímiles» acusaciones a una «revancha entre agencias estadounidenses» de cara a las elecciones presidenciales del próximo martes.
Los señalamientos también ponen en situación incómoda a López Obrador, cuya principal bandera es la lucha anticorrupción y que ha empoderado a las Fuerzas Armadas.
Además de delegarles la seguridad ciudadana mediante la creación de una Guardia Nacional, les entregó la administración de puertos y aduanas y les adjudicó la construcción de obras como un nuevo aeropuerto para Ciudad de México.
Desde 2006, los militares tienen sobre sus hombros la lucha antidrogas, una estrategia que, según expertos, recrudeció la violencia con casi 300.000 muertos hasta la fecha.
El propio Cienfuegos expresó, como secretario, su inconformidad con dicha apuesta.
Los expertos evitan especular si este caso podría escalar hasta Peña Nieto, sin investigación alguna.
«A los detenidos siempre se les pide que entreguen a gente arriba de ellos. El único arriba de Cienfuegos era Peña Nieto», advierte, no obstante, Vigil.