Víctimas de la guerra civil guatemalteca (1960-1996) iniciaron este martes una campaña de búsqueda de información para que personas que fueron adoptadas irregularmente o secuestradas durante el conflicto encuentren a sus familiares.
La campaña, con presencia en redes sociales y carteles en las calles, tendrá como protagonista a Ignacio Segura, adoptado a principio de la década de 1980 cuando tenía tres años por una pareja en Canadá y que hace dos meses emprendió la búsqueda de sus padres biológicos en tierras guatemaltecas.
«Es mi sueño de llegar y abrazar a mi mamá. Me quitaría un peso que llevo desde pequeño», señaló a periodistas Ignacio, al asegurar que fue víctima de secuestro por fuerzas estatales en una zona al sur del país y llevado a un refugio de la capital.
«A mí me llevaron a un orfanato de nombre Elisa Martínez y, como muchas otras niñas y niños, posteriormente fui trasladado y adoptado en otro país sin el consentimiento de mi verdadera familia ni el mío», agregó Ignacio.
Raúl Nájera, integrante del colectivo H.I.J.O.S., que reúne a sobrevivientes de la guerra civil, señaló que la campaña buscará que la población y entidades compartan información de los casos para generar los reencuentros entre los guatemaltecos adoptados por extranjeros y sus verdaderas familias.
El activista explicó que se han documentado más de 5.000 casos de niños desaparecidos, entre los que se encuentran historias de menores de entre uno y seis años que «fueron secuestrados por oficiales del Ejército» en zonas que fueron arrasadas y luego llevados a orfanatos.
«Tienen el derecho de conocer la verdad, recuperar su identidad y a volver a este país a reencontrase con su historia», indicó Nájera.
Datos de organizaciones humanitarias locales señalan que se han generado unos 900 reencuentros de menores que se consideraban desaparecidos tras el fin del conflicto armado.
La guerra civil guatemalteca dejó unos 200 mil muertos y desaparecidos, reveló en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU. La mayor parte de las atrocidades fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado, muchas de ellas masacres en poblados indígenas.