A través de un comunicado, la Cámara del Agro (Camargo) y la Cámara de Comercio de Guatemala solicitaron al presidente Alejandro Giammattei vetar el Decreto 04-2021, en el cual se establecen las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
Para ambas entidades “constituye un retroceso en materia de transparencia. Eliminando controles en los procesos de adquisiciones, elevando los montos para compras directas, generando incentivos para la discrecionalidad y corrupción”.
Añaden que en resguardo de los recursos provenientes de los impuestos de los guatemaltecos, “solicitamos al Presidente de Guatemala Dr. Alejandro Giammattei vetar el decreto 4-2021 reformas a la Ley de Contrataciones del Estado conforme a los establecido en el artículo 178 de la Constitución de la República. Considerando que la eventual entrada en vigor de esta normativa contraviene las acciones y objetivos anunciados por el jefe del Organismo Ejecutivo para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora de la calidad del gasto público”.
Por último, exhortan también al Organismo Legislativo, que de manera técnica, discuta y apruebe una reforma integral que de manera acorde considera la revisión del presupuesto del Estado y la reforma de la ley de servicio civil.
¿Qué contienen las reformas a la Ley de Contrataciones?
Con las reformas aprobadas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, toda institucional está facultada para realizar adquisiciones directas o de baja cuantía por montos mayores que los actuales, esto luego de que los diputados del Congreso de la República dieran el visto bueno a la iniciativa 5703, la cual fue presentada por la Asociación de Alcaldes Municipales (ANAM).
Con las nuevas modificaciones, tanto los alcaldes como funcionarios públicos podrán gastar más, pero sobre todo, evadirán controles de transparencia con el erario nacional.
Entre los cambios que resalta está en uno de los párrafos del artículo 23, el cual establece que cuando el monto total de los bienes, suministros y obras exceda la cantidad de Q10 millones, deberán transcurrir al menos 40 días entre la publicación en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas. Mientras que, en la licitación de baja cuantía, siendo este inferior a los Q10 millones, el plazo será de 20 días.
Asimismo, los legisladores cambiaron el Artículo 9 que refiere a las autoridades competentes. La ley indicaba quienes tenían la potestad de aprobar las contrataciones por arriba o debajo de los Q900 mil, señalando a los presidentes de las instituciones públicas como autoridad superior.
La reforma permite que se designen a autoridades competentes y administrativas y se eleva el techo a compras de Q2 millones.
Otro de los cambios fue el Artículo 38, sobre el monto para la compra o contratación de bienes y servicios por parte de las municipalidades, el Estado y otras entidades que utilicen el sistema por cotización. El techo pasó de Q900 mil a Q2 millones.
Lo mismo sucedió con el Artículo 43 en el que se permitió aumentar la modalidad de adquisición en baja cuantía de Q25 mil a Q100 mil. Mientras que para las compras directas permitirán montos mayores de Q100 mil y que no excedan los Q200 mil. Antes mantenían un rango entre los Q10 mil a Q90 mil.
ICEFI pide vetar ley
A través de un comunicado, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) se pronunció tras la aprobación de las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado por parte del Congreso de la República.
De acuerdo con esa institución, luego de realizar un análisis a esos cambios realizados por los diputados, “recomendamos al presidente Alejandro Giammattei vetarlo por contener disposiciones que abren espacios para abusos y corrupción, y son contrarias a los esfuerzos por la formalización económica”, indica.
En el comunicado, el ICEFI expone que la reforma al artículo, la cual eleva los montos límite para la modalidad de Compra de baja cuantía de Q25,000.00 a Q100,000.00, y para la modalidad de Compra directa de Q90,000.00 a Q200,000.00, tendrá efectos perjudiciales.
Asimismo, ve con preocupación los argumentos de los ponentes y defensores de la reforma. “La Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (Anam), sostiene que muchas municipalidades tienen dificultades para cumplir con los requisitos y controles que la Ley de Contrataciones establece para las modalidades competitivas y transparentes, como la cotización pública, la licitación pública, el contrato abierto o la subasta electrónica inversa, y que por ello era conveniente elevar el límite de las modalidades de compra de baja cuantía y compra directa”.
El Icefi considera, además, que este argumento es contrario a la obligación de que entidades estatales adquirientes, y proveedores y contratistas privados mejoren y desarrollen capacidades para cumplir con requisitos mínimos de transparencia como la oferta electrónica, una medida importante para transparentar las adquisiciones públicas.
“El Instituto lamenta que la reforma aprobada es un claro retroceso en estos esfuerzos”, puntualizó.