California prohibió el viernes las prisiones y los centros de detención de migrantes privados, con la firma de un proyecto de ley por el gobernador de este estado de la costa oeste de Estados Unidos.
La medida estipula que a partir del próximo año, el departamento de Correccionales y Rehabilitación del estado tiene prohibido firmar o renovar contratos con centros privados, con fines de lucro, para encarcelar personas.
También pide que tales instalaciones dejen de existir para 2028.
«En mi discurso inaugural, llamé a acabar con las prisiones privadas porque contribuyen al exceso de encarcelamiento, incluidas las que recluyen a reos de California y aquellas que albergan migrantes y solicitantes de asilo», dijo Gavin Newsom, el gobernador liberal del estado.
«Estas prisiones con fines de lucro no reflejan nuestros valores», añadió tras firmar la ley el gobernador californiano, que ha tenido varios enfrentamientos con el gobierno de Donald Trump por sus posiciones ante la inmigración.
El legislador Rob Bonta, autor del proyecto, describió la firma como «un momento realmente histórico para California».
Defensores de derechos humanos también aplaudieron la medida, destacando las condiciones inhumanas que se han descrito en muchos de estos centros privados donde han muerto varios detenidos en años recientes.
Mario, un migrante mexicano de 31 años que habló en la conferencia de prensa, dijo que pasó seis meses en uno de estos centros de detención privados y experimentó «de primera mano la injusticia, la falta de atención médica, la falta de comida nutritiva, la falta de todo».
Actualmente hay unos 115 mil reos en prisiones en California y aproximadamente 1,700 de ellos están en instalaciones privadas.
El estado era anteriormente conocido por la sobrepoblación de sus prisiones pero jueces federales impusieron un tope en 2009, lo que llevó a que se acudiera a los centros privados.
Además, hay cuatro instalaciones para detención de migrantes en California con un estimado de 3,700 personas retenidas, informaron funcionarios.
Bryan Cox, secretario de prensa de los servicios migratorios ICE dijo a medios locales que la nueva medida no afectará la aplicación de las leyes de inmigración.
«ICE simplemente tendrá que transferir a las personas a una locación más distante de su lugar de arresto», explicó.