El sector privado organizado preferiría analizar la opción de una reforma fiscal y no crear impuesto contra la impunidad, como lo sugirió ayer el comisionado Iván Velásquez.
A raíz de los escándalos de tanta corrupción estatal, a estas alturas el sector privado considera improcedente y poco aconsejable estar pensando en crear más tributos –como el planteado públicamente ayer por la CICIG y que gravaría de forma temporal a los principales patrimonios–, pero sí creería prudente orientar esfuerzos en dirección a una reforma fiscal, para frenar el robo de Q20 mil millones o más cada año por parte de los corruptos.
“El Estado de Guatemala sí cuenta con los recursos indispensables para seguridad y justicia, pero buena parte se pierde por la corrupción”, afirmó esta mañana Jorge Briz Abularach, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) al reiterar que, de los fondos públicos, son Q20 mil millones o más (40 por ciento) los que se malgastan por tal flagelo.