La vida del capitán Byron Lima estuvo siempre vinculada a estructuras de poder, primero dentro de la institucionalidad y luego en medio de las sombras del crimen organizado y operando desde la cárcel. Sus aspiraciones de incursionar en la política y vida pública se vieron frustradas desde que salieron a luz sus actividades al margen de la ley.
Redacción de Crónica
Byron Lima Oliva, considerado intocable dentro de presidios, fue sorprendido por un ataque a gran escala que no le permitió, a él y su personal de seguridad, ninguna reacción. Cayó abatido a tiros el hombre que tuvo una vida cercana siempre a estructuras de poder y aprendió a vivir en medio de sombras siniestras.
Nada ni nadie se movía en las cárceles sin que él y su estructura se enteraran, pero su red de información no funcionó con los preparativos que se requirieron para introducir armas y organizar el ataque, en el que incluso se hizo estallar una granada que anunció el inicio de un motín a gran escala que costó la vida a 12 personas más, entre ellas una modelo argentina que visitaba al exmilitar.
El 20 de enero de 2000, el capitán Lima fue capturado por estar implicado en el asesinato de monseñor Juan José Gerardi, hecho cometido a pocas cuadras de Casa Presidencial, donde él prestaba servicio como parte del Estado Mayor del presidente Álvaro Arzú.
Varios testigos le ubicaron en el lugar de los hechos. En el juicio que se siguió fue condenado a 30 años de cárcel, aunque en segunda instancia la sentencia se redujo a 20 años, por considerar que no era autor material sino encubridor de los sucesos ocurridos el 26 de abril de 1998.
Desde su ingreso a Pavón ejerció su liderazgo para hacerse de una estructura de negocio —maquila—, y red de influencias, al extremo de cobrar por garantizar la seguridad de los reos, ordenar traslados y hasta el nombramiento de las autoridades de presidios. Llegó a ser considerado el auténtico poder dentro del sistema carcelario del país.
Era un secreto a voces su poder dentro de las cárceles. Debió intervenir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para descubrir su red e iniciar nuevos procesos por delitos cometidos desde la cárcel, los cuáles se ventilaban aún en tribunales.
Antes de ser asesinado el pasado lunes, la fiscalía especial y el Ministerio Público (MP) le habían iniciado a Lima 12 causas penales, motivo por el cual estaría seguramente varios años más en prisión, luego de que un juez le negara la exoneración de penas como pretendía.
Entre los casos en los que se abrieron expedientes judiciales en su contra había uno por haber sometido a 12 reos en Pavoncito, y se le acusó de haberlos castigado física y sicológicamente. Se decía que tenía a más de 50 reos que obedecían sus órdenes al pie de la letra, según testimonios de otros presos.
Se sabe que también fue, desde la cárcel, uno de los financistas del Partido Patriota (PP), aunque con el tiempo llegó a distanciarse con algunos de sus funcionarios, específicamente con el entonces ministro de Gobernación y también exmilitar, Mauricio López Bonilla, a quien llegó a amenazar con destapar algunos de los supuestos negocios que tenía.
En realidad, se convirtió en un experto para moverse entre las sombras que le creaba su situación como el reo más poderoso del país. Se le vinculaba, incluso, con narcotraficantes, lo que pudo haber servido para crear alguna enemistad con otro reo poderoso, Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, quien podría haber estado implicado en el asesinato de Lima, según una de las líneas de investigación que siguen la CICIG y el MP.
La familia del exmilitar ha denunciado que fue asesinado —entre otras cosas—, porque pretendía que se reabriera el Caso Gerardi, aunque ese no puede confirmarse hasta el momento.
Algunos reos consultados consideran que se veía una pérdida de poder de Lima a finales del año pasado, pero en los últimos meses había recuperado su capacidad de acción y la operación era fuerte y amplia, según una fuente que pidió no ser citada con su nombre.
Influencia y poder
Llama la atención la forma en que logró crear una red de influencias y poder desde la cárcel. Ningún ministro de Gobernación logró limitar su campo de acción. Incluso él se oponía a nombramientos de funcionarios de presidios y lograba detenerlos o remover a otros. Todo escondido en las sombras que él mismo creaba.
La falta de medidas de seguridad en la entrada de los presidios —cámaras, arcos para detectar metales o aparatos de rayos X— siempre fueron objetados, lo que hace que el sistema de presidios de Guatemala sea uno de los menos eficientes en Latinoamérica para impedir que entren armas, teléfonos celulares y otros objetos a los reos.
Esa posición privilegiada que mantenía, aunque corría peligro de perderla por las investigaciones de CICIG en los casos en los que se le había acusado, le concedía poder. Hubo varias ocasiones en el pasado en las que daba declaraciones a medios de prensa desde teléfonos celulares.
Las investigaciones de las fiscalías —nacional e internacional— llegaron a determinar que desde la cárcel había logrado amasar una fortuna significativa y descubrieron la compra de numerosos y lujosos bienes inmuebles.
Momento complejo
Esta masacre que se produjo en Pavón ocurre en momentos en que el país atraviesa por situaciones complicadas y existe mucha confusión en la opinión pública. A los escándalos por corrupción, las campañas de desinformación en contra de la CICIG y el MP, así como el anunciado complot para asesinar a la fiscal general Thelma Aldana y al periodista José Rubén Zamora, por cierto, uno de los que más denuncias periodísticas ha tenido en torno a Lima y sus organizaciones criminales dentro y fuera de presidios.
El escenario es complicado por las siguientes razones:
- 1. procesos judiciales contra políticos y exfuncionarios corruptos;
- 2. Acciones de la Superintendencia de Administración Tributaria contra empresas evasoras del fisco;
- 3. Campaña de desprestigio orquestada contra CICIG —Iván Velásquez—y el MP;
- 4. Complot para asesinar a Aldana y Zamora
- 5. Gobierno sin planes concretos y poco liderazgo;
- 6. resistencia al cambio de la clase política;
- 7. creciente conflictividad social y;
- 8. permanente crisis penitenciaria.
- A eso hay que sumar los problemas que siempre existen y nunca han sido atendidos en el país.