Un grupo de 35 diputados presentó el proyecto de ley que busca abolir la pena de muerte. Entre las bancadas participantes destacan la UNE, Convergencia, TODOS y URNG.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por el diputado Ronald Arango, argumenta que con la aplicación de la pena de muerte no se logrará disminuir la delincuencia. Según el artículo 18 de la constitución de la República es el Congreso quien puede abolir la pena capital.
A finales de la semana pasada, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dio díctamen favorable a la iniciativa de ley que busca reactivar la pena de muerte, misma que fue suspendida hace 16 años en el país.
El expresidente Alfonso Portillo hizo que se derogara el artículo que consideraba el indulto en el Código Penal, y creó un vacío legal que impide que hasta la fecha se pueda aplicar la pena de muerte a los asesinos. El exmandatario Álvaro Colom vetó años después la ley que establecía nuevamente el indulto presidencial, por lo que todo quedó en el limbo.
El tema volvió al tapete con una iniciativa presentada en el Congreso de la República por las exdiputadas (FRG), Zury Ríos y Lucrecia Marroquín viuda de Palomo, quienes demandan que se aprueben las reformas para restablecer la aplicación de la pena de muerte en los casos que contempla la ley.
El Código Penal establece que la pena de muerte se aplicará a los delitos de parricidio, asesinato, asesinato agravado por plagio o secuestro y magnicidio; asimismo, cita que esta medida no se les puede imponer a mujeres, mayores de sesenta años, ni a reos por delitos políticos y comunes conexos con los políticos y a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición.
En tanto que Pacto de San José, contrario a lo que muchos argumentan, no prohíbe la pena de muerte, pero sí prohíbe a los Estados, que mantienen vigente la pena de muerte, poder agregar nuevos delitos a los ya establecidos