- Emergencia en la cárceles de El Salvador, con 20.000 pandilleros detenidos.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele advirtió el martes a las pandillas que, si aumentan los homicidios, les quitará la comida a sus miembros detenidos en las cárceles y ordenó la construcción de otra prisión exclusiva para quienes forman parte de estos grupos criminales.
“Si desatan una ola de criminalidad, nosotros les quitamos la comida en las cárceles. Mejor estense tranquilos y déjense arrestar, por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida”, dijo Bukele durante un acto de graduación de un nuevo contingente de policías y soldados.
Bukele manifestó que “andan rumores [de] que quieren empezar a vengarse de la gente honrada al azar, hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto duran”.
El mandatario agregó que «no me importa lo que digan los organismos internacionales; que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si los quieren se los entregamos todos”.
La portavoz de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Liz Throssell, manifestó su preocupación “por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas”.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con del derecho internacional”, agregó.
Un nuevo presidio
El mandatario reveló que hasta el lunes ya habían sido detenidos unos 6.000 miembros y colaboradores de las maras y ordenó que se construya una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para unos 20.000 reos.
El director de Centros Penales, Osiris Luna, informó que 50 cabecillas de pandillas han sido trasladados al penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y confirmó que los reos solo reciben dos platos de comida al día. Detalló que por la mañana reciben pan con frijoles y refresco y, al mediodía, dos tortillas de tacos con frijoles y su refresco.
Las autoridades mantienen en emergencia a las cárceles, donde por orden de Bukele más de 20.000 pandilleros permanecen en sus celdas “sin poder ver ni un rayo del sol”. Les decomisaron las colchonetas para dormir y les racionaron la comida a solo dos al día luego de un alarmante aumento de los homicidios.
Para combatir la alarmante violencia que abate a este país centroamericano, a iniciativa de Bukele, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de su arresto, así como a la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
La portavoz de la OINU señaló que las recientes reformas al Código Penal en el contexto del estado de excepción “causan mucha preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos, al incluir sentencias elevadas, también a menores, mientras se debilitaron las garantías del debido proceso”.
Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informó que ha recibido 67 denuncias por violaciones a derechos, de los cuales 33 son por supuestos arrestos arbitrarios.
La Procuraduría ha lazado un plan para verificar las condiciones en las que se encuentran los detenidos en las comisarías y centros penales. “No lo hacemos porque defendemos criminales sino porque todas las personas tenemos derechos dependiendo en el contexto donde nos encontremos”, dijo en un programa de entrevistas el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar.
Throssell también expresó su preocupación por la reforma a la ley penal juvenil que impone penas de prisión de hasta 10 años si el condenado tiene entre 12 y 15 años y de hasta 20 años si tiene entre 16 y 18 años.
“Adolescentes asociados a pandillas ahora pueden recibir las mismas sentencias que los mayores de edad y cumplir su pena en centros de detención para adultos”, sostuvo Throssell.