El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que acatará las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la constitucional separación de poderes luego que el domingo entró con el ejército al Congreso.
«Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, en relación a dichas medidas, acataremos la orden emanada de la Sala de lo Constitucional (de la CSJ)», consigna un comunicado de la Presidencia y el consejo de ministros.
El domingo, al ver frustrada una convocatoria a una sesión extraordinaria invocando un artículo de la Constitución, Bukele dio un plazo de una semana a Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe un préstamo de 109 millones de dólares para equipar al ejército y policía.
El lunes, la Corte Suprema de Justicia ordenó a Bukele que «se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema pluralista y de manera particular la separación de poderes».
Además, el máximo tribunal de justicia dejó sin efecto «la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa» que había realizado el Consejo de ministros.
El artículo 167 de la Constitución otorga al Consejo de ministros la atribución de convocar a sesión extraordinaria de la Asamblea cuando «los intereses de la República lo demanden».
Mientras estudia una demanda de inconstitucionalidad ante lo actuado por el Consejo de ministros, la corte ordenó al ministro de la Defensa, René Merino, y al director de la Policía, Mauricio Arriaza, a que «no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados».
Según el comunicado de la Presidencia, el Poder Ejecutivo se ha mostrado «en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes».
El gobierno estimó que las medidas cautelares de la Corte «podrían dificultar el efectivo trabajo» que realiza el gobierno por los intereses del pueblo, por lo que que exhorta «a la Sala de lo Constitucional a que al pronunciar la sentencia definitiva que corresponda, tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad».
En ese sentido pidió una «interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a las realidades del momento, de manera que no coarte la potestad válida y vigente conferida al Consejo de ministros, por medio de la disposición constitucional relacionada».