La Procuraduría General de la Nación (PGN), indicó que aún no definen contratar a los abogados que accionarán penalmente contra el contrato de la Terminal de Contenedores Quetzal, pues no cuentan con recursos financieros.
Victor Hugo Mejicanos, jefe de la abogacía de lo contencioso de la PGN, se necesitaría 80 millones de quetzales para contratar un bufete de abogados. Sin embargo, la entidad que aboga por el Estado no cuenta con dicha suma para contratar los servicios legales privados.
En tanto la titular de esta institución, María Eugenia Villagran, analiza solicitarle un acuerdo gubernativo al presidente Jimmy Morales, en el que se declare la nulidad del contrato de TCQ para que le otorgue mayor validez al proceso legal que la Procuradora realizará.
Por su parte Presidencia dijo que no se puede pronunciar en relación a la petición de la PGN y también por la carencia de recursos, según indicó su portavoz Heinz Heimann.