Abelardo Medina*
Analistas económicos y tanques de pensamiento han coincidido en que la situación de Guatemala no puede mejorar en forma sostenida a menos que nos preocupemos por crear un sistema tributario sencillo pero dinámico, basado en la justicia tributaria y sobre todo con un administrador eficiente y ético.
El fortalecimiento de nuestro sistema tributario exige una rápida ampliación de la base tributaria, que permita que los grupos escondidos en la informalidad contribuyan al pago de impuestos, en función de su capacidad. Pero combatir la informalidad no es un asunto de simplicidad, es una cuestión de voluntad política; en el proceso, los contribuyentes deben percibir que tendrá alguna ventaja para ellos, pero también deben percibir el riesgo, anunciado desde la más alta jerarquía del Gobierno de las implicaciones que representa no contribuir conforme la Ley.
También la mayor recaudación requiere de la recuperación de la moral tributaria, afectada por la percepción de que el dinero es mal utilizado. En este aspecto, los acontecimientos de 2015 y particularmente los de la La Línea rebalsaron la paciencia del guatemalteco. Sin embargo, la moral tributaria está siendo puesta a prueba desde hace años por los escándalos y corrupción a todo nivel del aparato público.
Estos aspectos y la necesidad de modernizar el sistema tributario, dotando a la SAT de acceso a la información bancaria y control de los rendimientos obtenidos en territorios ajenos a Guatemala, son tareas adicionales que deben desarrollarse en forma paralela. Sin embargo, lo que debió estar en primera línea de acción del actual gobierno, tal y como lo exigen los organismos financieros internacionales, para iniciar con la apertura de las ventanillas de crédito, es la recuperación de la SAT… Hasta la fecha aún no se ve nada claro y como decimos los guatemaltecos, y entonces… ¿cómo para cuándo?
La SAT recaudó en 2015 el 99 % de los impuestos y 93.6 % de los ingresos totales, y si todos concluyen en que gran parte del problema fiscal es que la administración tributaria ha perdido su capacidad recaudatoria y urge su reestructuración, ¿por qué no fue el primer paso del nuevo gobierno?
Es cierto que la SAT, con la legislación actual, es una institución descentralizada y autónoma y que para que el presidente de la República nombre a un nuevo superintendente, el Directorio le debe proponer una terna de la cual realizará la selección, pero también es cierto que el presidente de dicho cuerpo es el Ministro de Finanzas Públicas, quien ya debió realizar la solicitud para iniciar con el proceso.
Una estimación del Icefi muestra que de continuar con la trayectoria actual de la SAT, la recaudación tendrá un agujero de Q 2,360 millones, y que dados los precios del petróleo, puede incluso convertirse en Q3,400 millones. Si a esto sumamos los Q 1,600 millones que fueron recortados del Presupuesto, con el beneplácito del gobierno actual, nos da nuevamente un problema financiero de Q5,000 millones, que obligará otra vez a ejecutar la estrategia de asfixia estatal de 2015 y que nos llevó a la crisis actual.
Es cierto que la reestructuración de la SAT no resuelve en forma inmediata el problema, pero sí puede producir una recuperación de la moral tributaria en el mediano plazo y al menos le da la posibilidad al Gobierno de discutir la apertura de las ventanillas con los organismos multilaterales. La única solución sana al problema fiscal es la recuperación de la tributación, por lo que ya es hora de que el Gobierno de la República tome atención e impulse el proceso de recuperación de la SAT, por muy difícil que lo vislumbre.
*Economista senior. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)