El primer ministro británico Boris Johnson es «el padre de las mentiras», afirmó este miércoles ante la Corte Suprema el abogado de los diputados que lo demandaron por haber suspendido el Parlamento, una decisión que, según el letrado del gobierno, no compete a la justicia.
Once jueces de la Corte Suprema analizan desde el martes si fue legal la decisión de Johnson de suspender las labores parlamentarias entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, después que dos tribunales inferiores dictasen opiniones contradictorias.
El primer ministro justificó su petición de suspensión a la reina Isabel II por la necesidad de presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno.
Sin embargo, los opositores a un Brexit sin acuerdo denunciaron una estrategia para silenciarlos e impedirles actuar.
«Uno podría pensar que un gobierno no se dedicaría a la política con trucos sucios, deshonestos y bajos, pero no estoy seguro de que podamos asumir eso de este gobierno», dijo el abogado de los demandantes, Aidan O’Neill, en el segundo de los tres días de vistas.
«La madre de todos los parlamentos fue suspendida por el padre de las mentiras», agregó en referencia a Johnson, y pidió a los jueces que «dictaminen que esta suspensión es un abuso de poder».
Recientemente, un tribunal escocés había dado la razón al grupo de 78 diputados proeuropeos que recurrieron la medida. Por unanimidad, sus tres jueces consideraron que esta tuvo «como objetivo obstaculizar al Parlamento» y la declararon «ilegal».
Pero, en otro caso separado iniciado por la activista antibrexit Gina Miller, una corte de Londres dictó lo contrario: sus magistrados consideraron que la decisión es de «naturaleza intrínsecamente política» y «no existen normas legales con que juzgar su legitimidad».
En ese mismo argumento abundó el miércoles el abogado del gobierno. James Eadie: la decisión fue «fundamentalmente de naturaleza política», dijo, e insistió en que pertenece «al terreno del juicio político, no a las normas legales».
El abogado argumentó además que los diputados ya han dispuesto de años para debatir sobre la salida británica de la Unión Europea, prevista para el 31 de octubre.
Se desconoce si los jueces se pronunciarán al final de la sesión del jueves o se tomarán algunos días para reflexionar.