El gobierno transitorio de Bolivia dictó un decreto que sanciona penalmente la desinformación sobre el coronavirus, aunque no incluye a periodistas por estar regidos por otra ley, informó este lunes el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
El nuevo decreto alcanza a quienes «difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población».
Con la norma dictada el fin de semana «tienen que cuidarse esos ciudadanos que están tratando en las redes sociales de confundir, de enfrentar mal la información», advirtió el ministro.
Quienes «deberían estar preocupados» por las nuevas disposiciones son «los que nos quieren enfrentar y dividir a los bolivianos», dijo Núñez, blanco él mismo de críticas en las redes tras transportar en un vuelo militar a una reina de belleza de su región.
El decreto 4231 endurece la sanción contenida en otro, el 4200, de marzo pasado, pues somete al ámbito penal al supuesto infractor. La pena oscila entre uno y 10 años de prisión.
El periodista y abogado Andrés Gómez, un consumado internauta, estimó que la nueva norma «pone en grave riesgo» la libertad de expresión y el derecho a la información «porque penaliza la información, no la desinformación».
«Esta es una clara violación de la libertad de expresión», dijo por su lado Eva Copa, presidenta del Senado, de mayoría opositora.
Núñez aclaró que «los periodistas tienen que estar tranquilos porque ellos están sometidos a la Ley de Imprenta».
Tras la puesta en vigor del anterior decreto, Amnistía Internacional (AI) pidió en abril al gobierno boliviano clarificar acusaciones de «desestabilización», «desinformación» y «guerra virtual», enmarcadas en esa norma contra 67 personas, 37 de las cuales ya habrían recibido sentencias a través de «procesos abreviados».
La norma alarmó también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló que «no cumple con el principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud» y pidió derogarla.
La medida fue objetada igualmente por el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien la consideró un «grave retroceso en libertad de expresión en Bolivia con el pretexto de combatir el covid-19».