- El Tribunal Supremo Electoral está bajo acoso del MP y la pregunta en el ambiente es clave: ¿Se prorrogará el proceso electoral para asegurar el cambio de gobierno?
La magistrada Blanca Alfaro Guerra se ha convertido este jueves en la cuarta presidenta de la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y enfrenta ahora una crítica situación de la institución, acosada por el Ministerio Público y con la responsabilidad de defender los resultados de las elecciones del 20 de agosto pasado.
El TSE ya proclamó como presidente electo Bernardo Arévalo y vicepresidenta electa a Karin Herrera, y el proceso electoral termina este fin de mes, por lo que el pleno de magistrados puede prorrogarlo, con el fin de proteger del acoso judicial los resultados y al partido político Semilla, que también se encuentra en la mira de la fiscalía de Guatemala.
El TSE también debe defender a las juntas electorales municipales y departamentales, así como a los integrantes de las mesas receptoras de votos, luego de que se ha sabido que el MP pretende cuestionar el trabajo realizado en la segunda vuelta electoral y, para declarar que hubo «fraude», hacer señalamientos contra ciudadanos voluntarios que participaron en el proceso.
La magistrada Presidenta Blanca Odilia Alfaro Guerra, dirige la reunión del Pleno de Magistrados para tratar temas de transición de la Presidencia del #TSEGuatemala, entre otros puntos de la agenda relacionados con las gestiones que competen al Tribunal. pic.twitter.com/suEGsm3Is8
— TSE Guatemala (@TSEGuatemala) October 26, 2023
Por otra parte, hay que recordar que el MP ha pedido el retiro de inmunidad a los magistrados del TSE para que puedan ser investigados penalmente, situación que se encuentra aún en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de línea oficialista.
El TSE ha sido blanco de varios allanamientos por parte de la fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo del fiscal Rafael Curruchiche, quien responde a órdenes de la fiscal general, Consuelo Porras. Esta fiscalía ha logrado que el juez Fredy Orellana emita las órdenes de allanamiento, como también resolvió ilegalmente la suspensión de la personería jurídica del partido Semilla, a pesar de estar en medio de un proceso electoral, cuando esto no puede suceder, de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
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Derivado de estas acciones del MP contra el TSE y el proceso electoral, surgieron las protestas populares y los bloqueos de carretera que llegaron con el Paro Nacional, el cual demanda que cese la la persecución judicial de la política, se respete el voto popular expresados en las urnas y la democracia. Se exige también la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, así como de Curruchiche y Orellana, a quienes se señala como artífices de un intento de golpe de estado antes de que pueda asumir Arévalo.
En medio de la crisis e incertidumbre que ha sembrado el MP en el ambiente político y social de Guatemala, se esperan las acciones de la nueva administración del TSE para defender el proceso electoral.