Seis exdiputados del Congreso de la República, que son señalados en un caso de plazas fantasma en ese organismo, fueron beneficiados este lunes por el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, quien ordenó que los exfuncionarios no asistan al Ministerio Público (MP) para registrar sus huellas dactilares por el riesgo de contagio de Covid-19.
Los beneficiados con esa medida son: Christian Boussinot Nuila, Edgar Leonel Fernández Regalado, César Emilio Fajardo, Arístides Crespo Villegas, Alfredo Augusto Rabbé Tejada y Carlos Humberto Herrera Quezada.
La justificación de la togada fue que la mayoría de los procesados son de avanzada edad y con algunos padecimientos de salud, por lo que “suspendía temporalmente” el registro de huella dactilar que se realiza cada 15 días.
“Esta judicatura notificará cuándo se deben presentar de nuevo a registrar su huella”, explicó Domínguez. Por aparte, el MP estuvo de acuerdo en modificar las medidas cautelares a favor de los exparlamentarios.
El caso
Una investigación realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) junto a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinó que los exdiputados antes mencionados, quienes conformaban la Junta Directiva del Congreso de la República, durante los períodos 2014-2015 y 2015-2016, se les vincula con la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en ese organismo del Estado, lo cual facilitó la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio de la institución.
“De este fenómeno criminal se determinaron dos modalidades de contratación: La primera a través de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario 022, que no reunía los requisitos para cumplir con el perfil del puesto y sin justificar una estricta necesidad para nombrar a este personal, al margen de cualquier verificación de capacidad presupuestaria o de otra índole. Además se evidenció que los integrantes de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Legislativo”, indica el informe elaborado por la CICIG.
De acuerdo con el ente internacional, la segunda modalidad se realizó a través de la creación de plazas fantasma, en la cual se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los excongresistas.
Los delitos que se les señalan a los exfuncionarios son abuso de autoridad y peculado por sustracción.