Varios de los acontecimientos que hemos visto en las últimas semanas parecieran sea hechos coyunturales, pero todo indica que son las primeras escaramuzas de batallas más intensas que se darán de cara a tres procesos trascendentales para el país en 2026: elecciones para el TSE, la CC y fiscal general. ¿Qué línea se impondrá?
Análisis de Crónica
Mientras se encuentra en Guatemala la la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, se ha empezado a librar una batalla en diferentes frentes para retener el control de la justicia en el país, desde hace años en poder de fuerzas antidemocráticas, según expertos en el tema.
¿Quién controla el sistema de justicia en Guatemala? Organismos internacionales ven que existe una cooptación de las instituciones del sector justicia, como parte de una estrategia para mantener el control del Estado. Esta estrategia se inició durante el gobierno de Jimmy Morales, concluyó Alejandro Giammattei y persiste a la fecha.
Con la llegada de Bernardo Arévalo se pensó que vendrían aires de cambio, pero pronto se comprobó que la estructura creada para mantener el statu quo de impunidad para actores de corrupción y de otras estructuras criminales se mantiene vigente. La prueba fue la elección el año pasado de magistrados para el Organismo Judicial (OJ), un proceso que simplemente dio como resultado más de lo mismo.
Aunque la elección fue aplaudida por el oficialismo en el Congreso, la observación de la OEA dijo en su informe que se incluyó a candidatos cuestionados, que no hubo criterios adecuados en la evaluación y que se vieron con claridad conflictos de interés de algunos de los candidatos y postuladores, además de faltar transparencia a lo largo del proceso.
La conclusión básica es que la independencia deseada para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y magistrados de sala no se logró por medio de aquel proceso, razón que explica que no haya cambios sustanciales.
Los escenarios
Para los próximos meses se anticipan al menos tres grandes confrontaciones entre las fuerzas democráticas y la estructura que algunos identifican como “pacto de corruptos”, que no es otra cosa que las fuerzas que defienden la corrupción y necesitan de un marco de impunidad eficiente.
En todo caso, tres instituciones vitales para el futuro del país y el funcionamiento eficiente de la democracia deben renovarse entre marzo y mayo de 2026: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), con el nombramiento de nuevo fiscal general. Las dos últimas instituciones son vitales en la aplicación de la justicia, juntamente con la ya perdida CSJ. El TSE, por su parte, es vital para el proceso electoral a realizarse en 2027.
2025: 133 días de trabajo fuerte y firme
— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 14, 2025
Ministerio Público ante la visita de la Relatora Especial de la ONU
La reunión entre el Ministerio Publico y la Relatora de la Organización de Naciones Unidas no es una rendición de cuentas ni una evaluación sino en respeto a la… pic.twitter.com/cHGO6EAWO2
Son procesos independientes y con caminos también distintos, aunque dos de ellos, TSE y fiscal general, deben pasar por comisiones de postulación.
La CC, en cambio, se integra por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, todos designados por cinco instituciones claramente definidas en la Constitución: El Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos (USAC).
La feroz persecución penal que lleva a cabo el MP contra cuatro magistrados titulares del TSE ha dejado a la institución prácticamente destrozada. Levantar su eficiencia y credibilidad será la principal tarea de los nuevos magistrados.
Escenarios en campo minado
Ninguno de los escenarios para estas elecciones está limpio y exento de peligros. De hecho, en cada uno de ellos las posibilidades de que se pueda forzar un proceso transparente e ideal son ínfimas.
En las comisiones de postulación figuran decanos comprometidos, magistrados manipuladores o manipulados, así como representantes del CANG: La presión social puede lograr que haya mayor transparencia, pero no que cambien su intención de voto quienes ya lo tienen comprometido.
Este mes #Guatemala recibe tres visitas importantes:
— Impunity Watch en Español (@ImpunityWatchGt) May 14, 2025Relatora de la #ONU sobre Independencia Judicial (12 – 23 de mayo).
Los grupos pro-justicia temen que el escenario más realista sea que se busquen candidatos desconocidos, pero no por eso independientes, que es el factor más importante en estos momentos junto con la capacidad. Esta estrategia se siguió en el proceso de postulación y elección de magistrados del OJ.
El ambiente de confrontación que se ha visto en el Congreso en las últimas semanas es preludio de lo que se verá en los meses siguientes, cuando se trate de unificar a todos los partidos comprometido de una u otra manera con aquel pacto de corruptos.
Un fiscal ad hoc
En el caso del sucesor o sucesora de la fiscal Consuelo Porras, es claro que las estructuras oscurantistas no dejarán que el presidente Bernardo Arévalo reciba una lista de seis candidatos ideales. Buscarán que no llegue nadie que vaya a limpiar el MP de Porras y que no inicie persecución contra las decenas de exfuncionarios de gobiernos anteriores.
La población, principalmente las organizaciones indígenas y campesinas, exigen la renuncia de la fiscal general, por lo que no hay que descartar que deban movilizarse para impedir que nombres anodinos y poco relevantes avancen en la comisión de postulación.
El escenario optimista es que se logre, al menos, introducir un buen candidato entre los seis finalistas que quedan en manos de Arévalo; el escenario realista es que el mandatario tendrá que elegir al menos malo; y el peor escenario es que todos los postulantes finalistas sean del pacto de corruptos.
Una CC con pocas esperanzas
El bando que logre tres de los cinco magistrados de la CC, será el que termine imponiendo la línea de la sala constitucional. En las primeras cortes constitucionales se observó que los designados actuaban con plena independencia –como debe ser–, mientras que en las últimas se ha visto que responden a intereses particulares o políticos.
Con la polarización existente, es poco probables que las instituciones que nombran magistrados busquen a profesionales probos y autónomos. Por eso, se ve complicado el escenario para el Gobierno de Arévalo que, al parecer, podría quedar solamente con un magistrado independiente. El Colegio de Abogados y el Congreso serían los dos escenarios en donde se buscará que cambié la inclinación de la balanza, pero lograrlo no será fácil. La CSJ y la USAC apostarán seguramente a seguir la corriente actual.
En definitiva, la CC es un factor de poder real, porque sus resoluciones pueden afectar, incluso, al Ejecutivo –como ya ha sucedido, así como permitir la impunidad.
¡Bomba! Porras quiere ser magistrada
En las últimas semanas ha trascendido en círculos cercanos al MP que la fiscal general Consuelo Porras ha puesto sus ojos en la CC, a donde llegar como magistrada le significaría, además de inmunidad plena, continuar con una cuota de poder que meta miedo a jueces, magistrados, diputados… y por supuesto al presidente Arévalo.
La fiscal sabe que la sola mención de su nombre hace que sea complicada su candidatura, pero ha encontrado eco en la USAC, en donde concentrará sus esfuerzos para ser nombrada.
Sabe que habrá presión internacional y local hacia cualquier institución que pretenda llevarla a la magistratura de la máxima corte, por lo que su intención era no que su intención no trascendiera al público y su nombre no surgiera más que en el momento de ser nombrada. Esta estrategia ya no es viable.
El camino
Los próximos meses será de preparación para estas batallas. Ningún analista se atrevería a apostar a favor de que se logrará recuperar gran parte de la independencia del sector, pero se espera que, al menos, se hagan los esfuerzos necesarios para lograr que el triunfo de las fuerzas antidemocráticas no sea abrumador.
El papel de las comisiones de postulación, que es crítico en dos de los tres procesos, debe ser estrechamente fiscalizado por el sector civil, incluyendo organizaciones populares, grupos indígenas y ciudadanía en general, para lograr alguna mejora, aunque no sea del todo contundente.
Sin estrategias palpables hasta el momento, el presidente Arévalo y su equipo más cercano deben encontrar como llevar a cabo una influencia sana pero decisiva en cada uno de los procesos.
Las fechas para los cambios son: 19 de marzo, magistrados del TSE, 14 de abril, magistrados de la CC y 17 de mayo, fiscal general. Ya hay escaramuzas, pero llegarán las batallas.