- La pandilla conocida como Barrio 18 es la que estuvo detrás de los motines en presidios y los ataques posteriores contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
- Aquí, lo sucedido y la historia de este grupo, calificado en Estados Unidos y Guatemala de terroristas.
Reclusos de la mara Barrio 18 tomaron el control de tres prisiones, secuestrando a unos 50 rehenes, mientras sus compañeros en libertad perpetraban una serie de ataques diez policías muertos y varios heridos.
Tras recuperar el mando de las cárceles, el presidente Bernardo Arévalo, declaró el estado de sitio por 30 días.
Las primeras investigaciones apuntan a que Barrio 18 llevó a cabo la ofensiva bajo la dirección de su líder, Aldo Dupie Ochoa alias El Lobo, después de que las autoridades guatemaltecas se negaran a conceder una serie de privilegios penitenciarios y exigencias políticas.
La ola de violencia ha puesto de manifiesto el poder que en Guatemala aún tienen las pandillas, y en especial Barrio 18, que se disputa la hegemonía de las calles de Ciudad de Guatemala y otras localidades con su eterno rival, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13).
Para entender lo que ocurre en los asentamientos de la Zona 18 o en las calles de Villa Nueva, es necesario mirar hacia afuera y hacia adentro: hacia la evolución de unas pandillas que han dejado de ser grupos de barrio para convertirse en estructuras con aspiraciones de control territorial casi estatal y más poder de violencia de lo que el ciudadano común y corriente supone.
De la clica a la corporación criminal
El fenómeno de las pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica ha sufrido una mutación silenciosa pero letal en la última década. Según análisis internacionales, como los recogidos por la BBC, el Barrio 18 y la MS-13 ya no son solo grupos de jóvenes marginados con tatuajes en el rostro. Hoy, son organizaciones que gestionan presupuestos millonarios derivados de la extorsión sistemática, el narcomenudeo y, cada vez más, el control de servicios básicos en las zonas donde operan.
Esta evolución ha llevado a la creación de enclaves donde la ley de la República no entra. El reciente ataque contra fuerzas de seguridad, que detonó el Estado de Sitio, fue una demostración de fuerza: un desafío directo al Gobierno. Las pandillas han pasado de la sobrevivencia a la ofensiva.
El Espejo Regional
Es inevitable que la opinión pública guatemalteca mire hacia El Salvador. El éxito mediático y estadístico de Nayib Bukele en la reducción de homicidios ha generado un fenómeno de exportación política. Sin embargo, el contexto guatemalteco presenta matices complejos.
A diferencia de El Salvador, donde el Estado de Excepción se ha convertido en una política permanente de más de dos años, el gobierno de Bernardo Arévalo ha intentado caminar sobre una cuerda floja: aplicar la fuerza necesaria para frenar la violencia, pero bajo un marco de transparencia y respeto a la ley que evite el aislamiento internacional. La Ley Antipandillas, que ahora clasifica a estos grupos como terroristas, es la herramienta jurídica que busca dar dientes a la PNC y al Ejército sin desmantelar el Estado de Derecho.
No se trata solo de capturar, se trata de desarticular el flujo financiero, sostienen fuentes del Ministerio de Gobernación. Pero en la práctica, el despliegue de miles de soldados en la periferia capitalina resuena con una estética de guerra que el país no veía en décadas, pero la población exige esto y más. Quieren medidas que garanticen la seguridad ciudadana y terminen con el poder de las pandillas.
Prisiones: El Cerebro de la extorsión
Uno de los puntos críticos señalados por expertos es que el control de las pandillas no se pierde en las calles, sino que se consolida en las cárceles. Durante años, los centros penales en Guatemala han funcionado como oficinas corporativas desde donde se ordenan asesinatos y se coordinan los cobros de la extorsión.
El Estado de Sitio busca interrumpir esta cadena de mando. Las autoridades de Gobernación han detectado algo que es sabido desde hace muchos años: ante el asedio externo, las clicas intentan reorganizarse mediante mensajeros y sistemas de comunicación clandestinos. La gran pregunta para la administración actual es si tendrá la capacidad de construir o reformar el sistema carcelario para que una captura signifique realmente el fin de la actividad criminal del pandillero, y no solo un traslado de oficina.
De dónde el nombre Barrio 18
Muchos guatemaltecos creen que el nombre de la pandilla Barrio 18, proviene de su fuerza en la zona 18, considerada como feudo de este grupo criminal. Pero no es así.
La pandilla Barrio 18 tiene su origen a miles de kilómetros de Guatemala.
La formaron jóvenes de ascendencia mexicana en la década de 1960 en el este de Los Ángeles, y más específicamente en la calle 18.
Fue allí donde adoptaron el nombre de 18th Street Gang, en un entorno dominado por otras pandillas estadounidenses que se disputaban el control de los barrios en un contexto marcado por la pobreza, la delincuencia y la exclusión social.
Con el tiempo, la llegada de migrantes centroamericanos –salvadoreños, guatemaltecos y hondureños– amplió su base social y territorial, reforzando su estructura y capacidad de expansión dentro de California.
En los años 90, las políticas migratorias y de seguridad de Estados Unidos derivaron en deportaciones masivas a Guatemala, El Salvador y Honduras de jóvenes vinculados a pandillas.
Es precisamente en Guatemala donde Barrio 18 tuvo más éxito, consolidando su presencia en áreas urbanas populares.
Entre ellas está la Zona 18, la más poblada y una de las más marginales de Ciudad de Guatemala, convertida en su principal bastión.
La elección de la zona 18 de la capital como epicentro no fue casual, sino una forma de trasladar a Centroamérica la identidad forjada en Los Ángeles.
Impacto Social: Entre la seguridad y el miedo
La lucha contra las pandillas en Guatemala tiene un componente sociológico profundo. Las estructuras criminales se alimentan de la falta de oportunidades. Mientras el Estado de Sitio ofrece una solución táctica y temporal, la solución estratégica —la educación, el empleo y la integración social— sigue siendo la gran asignatura pendiente. El riesgo, como advierten organismos internacionales, es que la represión sin reforma social solo genere una nueva generación de pandilleros más violentos y mejor organizados.
La clasificación de las pandillas como grupos terroristas abre una puerta a la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, en términos de inteligencia y recursos. Sin embargo, también eleva el costo político: un error en un operativo bajo Estado de Sitio puede convertirse en una crisis de derechos humanos … o en la frustración ciudadana que quiere más seguridad, si los resultados no son los esperados.
Guatemala se juega en estos días más que la captura de unos cientos de pandilleros. Se juega la capacidad del Estado civil para proteger a sus ciudadanos sin transformarse en un régimen autoritario. Los más de 300 capturados en la primera semana del Estado de Sitio son un mensaje de fuerza, pero la verdadera victoria se medirá en la sostenibilidad de esa seguridad.
La guerra contra las pandillas es una maratón, no un sprint, y Guatemala apenas está cruzando la línea de salida en esta nueva y peligrosa etapa de su historia contemporánea.
Algunas preguntas flotan en el ambiente y sólo el tiempo y los hechos darán las respuestas. ¿Está Guatemala preparada para una guerra larga contra un enemigo que vive entre nosotros? ¿tiene el Gobierno la voluntad y capacidad para llevar a cabo una guerra firme contra las pandillas? ¿Se tomará verdaderamente el control de los centros penitenciarios?
La historia está en proceso.
(Con información de BBC News)