Washington, Estados Unidos | AFP |
Hace dos décadas, en busca de una vida mejor, Fatima Nolasco cruzó la frontera hacia Estados Unidos, donde construyó un negocio exitoso y un nuevo hogar.
Ahora, luego de que el presidente Donald Trump decidiera poner fin a un programa que le permitió a ella y otros 200.000 inmigrantes de El Salvador trabajar legalmente en el país, teme estar a punto de perderlo todo.
A menos que el Congreso encuentre una solución de largo plazo para reemplazar el programa de estatus de protección temporal (TPS) otorgado a los salvadoreños en 2001, después de que dos terremotos devastaran el país, Nolasco perderá sus derechos legales en septiembre de 2019.
Bajo la protección del plan, Nolasco fundó un pequeño negocio de construcción y remodelación de viviendas con su esposo Walter Dubon, residente legal permanente.
En la actualidad, emplean a 20 trabajadores y pagan hasta 30.000 dólares anuales en impuestos comerciales, además de impuestos individuales.
«Hemos estado pagando impuestos durante 16 años», dijo. «Nunca pensamos que esto terminaría así. Siempre tuvimos la esperanza de que nos dieran la oportunidad».
Nolasco señala que su familia no depende de ayudas del gobierno. De hecho, los beneficiarios del TPS no califican para programas gubernamentales basados en necesidades, pero sí contribuyen a ellos al pagar impuestos.
– Impacto económico –
«Nos hemos dado una vida decente como resultado de nuestro trabajo y esfuerzo. Espero que se den cuenta de que no somos una carga para el país», dijo Nolasco a la AFP en su casa cerca de Washington, la capital, que alberga muchos salvadoreños.
Mientras Trump se atribuye el crecimiento sólido y el aumento del empleo durante su primer año de presidencia, economistas y líderes empresariales advierten que expulsar en masa a los trabajadores inmigrantes sería un gran golpe económico.
Especialmente perjudicial en un momento en que las empresas se quejan cada vez más de no poder encontrar trabajadores, sobre todo en áreas como la construcción, y en particular frente a los esfuerzos de reconstrucción en zonas de Houston y Florida afectadas por huracanes.
Un análisis muestra que si los salvadoreños poseedores de TPS, así como decenas de miles de hondureños y haitianos, fueran retirados de la fuerza laboral, Estados Unidos perdería 164.000 millones de dólares de su PIB durante la próxima década, sin contar 6.900 millones de dólares en contribuciones perdidas a la Seguridad Social.
Hasta 88% de esos inmigrantes trabaja, mucho más que la tasa entre ciudadanos estadounidenses, mientras que alrededor de un tercio tiene hogares propios. Muchos, como Nolasco, son dueños de negocios.
Si son enviados a casa, enfrentan además un futuro incierto.
Mientras Washington considera que las condiciones en El Salvador ya no justifican el estatus de protección para sus ciudadanos, todavía mantiene una advertencia de viaje a estadounidenses señalando que en ese país centroamericano «la actividad de las pandillas, la extorsión, el crimen callejero violento, los narcóticos y el tráfico de armas están generalizados».
– ‘Nos consideramos estadounidenses’ –
Trump también anunció el final de otro programa que brinda estatus legal a inmigrantes que fueron traídos al país cuando eran niños.
Si el Congreso no logra un cambio, 800.000 personas cubiertas por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) perderán su protección el 5 de marzo.
Economistas advierten que Estados Unidos podría perder 215.000 millones de dólares en el PIB si los llamados «Dreamers» dejan sus empleos.
Amazon, Apple, Facebook y Google están entre las más de 100 grandes compañías cuyos ejecutivos firmaron una carta pidiendo protección para los «Dreamers», y advirtiendo que no actuar «llevará a las empresas a perder talentos valiosos, causará alteraciones en la fuerza de trabajo y dará como resultado costos significativos».
Miguel Aguiler, quien llegó desde México cuando tenía 11 años, encontró un camino hacia el estatus legal, pero teme por otros «Dreamers».
«Es bastante ridículo que el presidente quiera eliminar a tantos jóvenes que no hacen nada más que contribuir a este país», dijo a AFP.
«Hemos vivido aquí toda nuestra vida, nos consideramos estadounidenses, aunque no tenemos el papel para mostrarlo», agregó.
Él es un contundente ejemplo del sueño americano.
Después de la aprobación del DACA, asistió a una universidad estadounidense con una beca de fútbol y fue reclutado para jugar en la liga nacional profesional, convirtiéndose en el primer inmigrante indocumentado en lograrlo.
Luego se casó con su novia de la universidad, ciudadana estadounidense, lo que le permitió obtener el estatus de residente legal permanente con la llamada «green card».
Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, es optimista sobre que legisladores demócratas y republicanos encontrarán una solución para los «Dreamers».
«Para bien o para mal, el gobierno le ha dado un plazo al Congreso para resolver esto», dijo.