Caracas, Venezuela
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió este jueves con familiares de opositores presos o fallecidos, en su segundo día de visita a Venezuela, marcado por protestas para llamar su atención sobre la grave crisis.
Bachelet también se entrevistó con altos funcionarios, en una jornada en la que cientos de personas se concentraron en distintos puntos de Caracas para advertirle sobre el colapso de la salud, entre múltiples denuncias.
«No nos van a devolver a nuestros niños (…), pero puede ser un granito de arena para que no haya más muertes», dijo a la prensa Janet Hernández, tía de un menor de 14 años fallecido el 2 de mayo tras ser baleado presuntamente por agentes de seguridad durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Junto con Hernández, varios familiares de personas muertas durante manifestaciones o de «presos políticos» conversaron en la noche con la Alta Comisionada.
Según Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que denuncia unos 687 detenidos por razones políticas, Bachelet les informó que mantendrá a dos comisionados durante tres meses en el país, sin descartar la apertura de una oficina permanente.
La comisaria además está «trabajando en la posibilidad de liberación de varios» presos, añadió.
Temprano, en la Cancillería, Bachelet se entrevistó con el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, clave en el apoyo militar a Maduro, y con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, de línea oficialista.
«¡Bachelet, escuche al pueblo, no se encierre con políticos que le van a decir que todo está bien!», gritaron manifestantes frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde estuvo la comisionada a primera hora.
Trabajadores de la salud y del sector educativo también denunciaron la falta de medicamentos e insumos hospitalarios, y la precariedad de las escuelas.
País devastado
Venezuela enfrenta la peor crisis de su historia reciente y una lucha de poder entre Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países liderados por Estados Unidos. Bachelet se reunirá con ambos este viernes.
El fiscal general, el chavista Tarek William Saab, dijo haberle informado a Bachelet que su despacho ha acusado a 596 agentes del Estado por violaciones de derechos humanos.
La diplomática, quien hará una única declaración antes de partir este viernes, refirió hace poco denuncias de «asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas» por parte de autoridades durante protestas a inicios de este año.
Maduro advirtió el miércoles que espera que la visita de la expresidenta chilena «sea para bien», mostrándose abierto a escuchar «recomendaciones».
Escasez de bienes básicos y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019 caracterizan la debacle del país con las mayores reservas petroleras, de la cual la oposición culpa a Maduro, y éste, a su vez, a un «bloqueo financiero y comercial» de Washington.
Según la ONU, debido a ello un cuarto de la población -equivalente a siete millones de personas- requiere ayuda humanitaria urgente, mientras cuatro millones emigraron desde 2015.
Un informe del organismo estima además que el 22% de los menores de cinco años sufre desnutrición, y que 300.000 enfermos crónicos están en riesgo.
Bachelet ha dicho que la negativa del gobierno a reconocer el problema torna insuficiente la respuesta oficial.
Sanciones, en agenda
Bachelet es crítica con las sanciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para estrangular financieramente a Maduro. En particular, teme que la prohibición de transar crudo venezolano en el mercado estadounidense agrave las penurias.
El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, le manifestó que esas medidas «vinieron a exacerbar la situación de asfixia de la economía», ya golpeada por una reducción del ingreso petrolero de 42.600 millones de dólares en 2013, a 4.000 millones en 2018.
La alta responsable abordó esta cuestión el miércoles con el canciller Jorge Arreaza, quien asegura que el congelamiento de activos en Estados Unidos y Europa ha mermado el presupuesto para importar fármacos e insumos médicos.
Caracas cifra en 30.000 millones de dólares el daño a la economía por culpa de las sanciones, que Washington amenaza con endurecer hasta que Maduro caiga.