Por: Enma Reyes
El pasado martes, la Sala Segunda de Apelaciones admitió para su tramite la solicitud de retiro de inmunidad de Ricardo Quiñónez, alcalde capitalino, promovido por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Dicha judicatura designó como pesquisidora a la Jueza Presidenta del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, quien establecerá si existen pruebas suficientes para retirarle ese beneficio.
Quiñónez es acusado por los delitos de financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado. De acuerdo con la Fiscalía, tanto el jefe edil como el actual ministro de Finanzas, Víctor Martínez, entonces concejal II de la Municipalidad de Guatemala, participaron en un plan implementado dentro de la comuna para mantener al fallecido Álvaro Arzú al frente de esa institución.
Según las investigaciones, el Partido Unionista utilizó Q1 millón del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) para financiar actividades que se realizaron en distintas zonas para llamar el voto a favor de Arzú. Los hechos ocurrieron de 2011 a 2015, cuando Quiñónez fungía como concejal primero del Consejo de la Municipalidad y Vocal primero de dicho Comité.
Las pesquisas realizadas por la FECI señalan dos estrategias para captar fondos de la Municipalidad de Guatemala, estos fueron denominados Plan Hormiga y Plan Ocho.
El Plan Hormiga consistió en convertir a cada uno de los empleados municipales en captador de votos, desarrollando eventos y actividades de campaña a favor del Partido Unionista y de Álvaro Arzú.
En el caso del Plan Ocho, se realizaron capacitaciones y convivencias al interior de dicha comuna, donde se captaban los votos de los trabajadores en favor del partido, con el objetivo que los mismos empleados buscaran nuevos adeptos para la agrupación política, buscando así un efecto multiplicador en el voto.