El Juzgado de Extinción de Dominio autorizó la venta anticipada de 39 cabezas de ganado que fueron secuestradas en la finca Yaxhá, ubicada en Petén, propiedad vinculada al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
En 2019, esa misma judicatura resolvió que cuatro fincas del exfuncionario pasaran a ser administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).
En una de esas propiedades fueron localizadas 97 cabezas de ganado que también quedaron a cargo de la Senabed.
De acuerdo con el ente investigador, las fincas, que se ubicaban en San Benito y San Andrés, ambos del departamento de Petén, fueron compradas por más de Q10 millones durante la gestión de Sinibaldi como titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Ligado a proceso penal
El pasado 09 de febrero, el Juez Undécimo Penal, José Eduardo Cojulún, resolvió ligar a proceso penal al exministro por el delito de lavado de dinero u otros activos en el caso Transurbano.
El togado justificó su decisión en los medios de investigación presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Esa Fiscalía estableció que durante las pesquisas en el evento de contratación para brindar seguridad en las paradas del Transurbano fueron beneficiadas dos empresas, supuestamente de cartón, mismas que se encontraban a nombre del exfuncionario.
Las compañías son: Seguridad ASA, S.A. y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., las cuales recibieron Q978 mil 794.64.
“Ese dinero debía ser utilizados para contratar agentes de seguridad para los autobuses en la ciudad de Guatemala”, indicó la FECI en su informe entregado al Juzgado Undécimo Penal.
Otros medios de prueba entregados por el ente investigador fueron cheques de esos pagos, así como declaraciones testimoniales y documentos con los que se vincula a Sinibaldi a esas sociedades.
Más casos en su contra
Sinibaldi también está siendo señalado por su participación en el caso Odebrecht, que ya tiene a tres personas condenadas -Juan Manuel Molina Coronado, abogado de Sinibaldi; a Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, a 14 años de prisión, y a Juan Ignacio Florido, a seis años de cárcel-
Esta investigación es por haber negociado con los empresarios de la constructora brasileña en 2013 el pago millonario de un soborno por la adjudicación de un tramo carretero en la costa sur. Incluso, les pidió a los empresarios que depositaran US$3 millones al excandidato a la presidencia Manuel Baldizón -con orden de captura por este caso.
El 14 de septiembre de 2020, el exministro de Comunicación fue ligado a proceso penal por el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, en el caso Cooptación del Estado en su fase La Coperacha.
Esta fue la primera resolución que enfrenta el exfuncionario de cinco grandes investigaciones de corrupción que deberá enfrentar.
El caso “La Cooperacha”, se basaba en que el grupo más cercano al exmandatario Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti juntaban dinero para comprarles costosos regalos para sus cumpleaños. Sin embargo, era dudosa la procedencia de esos fondos, los cuales podrían provenir de dinero público. Además, se usaron prácticas de lavado de dinero para que no lograra rastrearse a través de transacciones bancarias.