El abogado Otto Gómez no fue enviado a ningún centro de detención luego de que se le hizo saber los motivos por los cuales fue detenido. El detenido permanecerá en las carceletas de la Torre de Tribunales.
El Juzgado de Turno decidió llevar a cabo la audiencia de primera declaración hoy a las 19:00 horas, en la que se decidirá si es ligado a proceso penal y enviado o no a prisión preventiva.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado lo señala de cometer simulación de delito en forma continuada, obstaculización a la acción penal, violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, agresión sexual, discriminación y amenazas en forma continuada.
Investigación
Según investigaciones del Ministerio Público (MP), el abogado Gómez ha actuado en contra de la administración de justicia y la actividad judicial.
Para ello, entre los años 2013 al 2021 en forma sistemática ha presentado una serie de solicitudes de antejuicio basado en circunstancias espurias.
En ese sentido, la fiscalía considera que estaría utilizando una forma ilegítima de operar con la intención de obstaculizar la acción penal, obtener impunidad y seguridad por parte del Estado de Guatemala a través de la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con la fiscalía, Gómez ha empleado como medio en fraude de ley para coaccionar y amenazar a funcionarios y empleados miembros del organismo judicial.
Ello en represalia a no obtener una resolución de acuerdo con sus intereses, denuncias y querellas “espurias”.
Antejuicio en contra de jueces
El pasado 22 de agosto, Gómez presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra de cuatro jueces de Mayor Riesgo, por presuntamente coaccionar a la fiscal general Consuelo Porras para que se desestimen las denuncias que se les han interpuesto.
El jurista pidió que se les levante la inmunidad a los jueces Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul de Paz, además de las juezas Yassmín Barrios y Erika Aifán. El requerimiento ya fue enviado a la Corte Suprema de Justicia.
El abogado mencionó que se dio “por enterado de un hecho vergonzoso”, en el que los juzgadores “sorpresivamente y abandonando el cargo” se presentaron en el Ministerio Público.