Ataque a la Libertad de prensa: presentan amparo para que cese acoso a periodistas

  • Se hace ver en el amparo las ilegalidades y violación constitucional cometidas por la fiscal de la FECI y por el juez Jimmy Brenner.

La organización Acción Ciudadana (AC) presentó un amparo a favor de periodistas y columnistas de diario elPeriódico quienes han sido criminalizados por su labor informativa o por las opiniones emitidas en este medio, por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

El abogado Edie Cux, director del Área Jurídica de la referida entidad explicó que con este recurso se busca que se respete el ejercicio periodístico y prevalezca la libertad de expresión.

Este amparo lo que pretende es detener la investigación contra los periodistas y que se respete lo que la Constitución establece respecto que no hay delito ni falta por las publicaciones que hagan y que cualquier funcionario público que se sienta ofendido respecto a una publicación que acuda a la instancia respectiva”, puntualizó.

El artículo 35 de la constitución de Guatemala establece que «No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos». El argumento de la Feci es anticonstitucional, de acuerdo con expertos nacionales y extranjeros.

Entre los principales argumentos de la acción de amparo se indica que, es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin censura ni licencia previa y este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o por disposición gubernamental alguna.

Por último, señala que,  un Tribunal de Imprenta será la instancia encargada de conocer los delitos o faltas que refiere el Artículo 35 constitucional.

SE ORDENA INVESTIGACIÓN

El pasado 28 de febrero, a petición de la fiscal de la FECI, Cinthia Monterroso, el Juez Décimo de Primera Instancia Penal, Jimmy Bremer ordenó investigar a varios periodistas y columnistas del diario elPeriódico. Brenner aceptó la petición del ministerio público y de la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterror), a pesar de ser ilegal lo solicitado y la resolución que él mismo dictó.

Tras conocerse el caso, el pasado 6 de febrero, el jefe de la FECI, Rafael Curruchcihe, por medio de un video publicado en las redes sociales del Ministerio Público (MP) aseguró que a partir de la judicialización del caso contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, se han generado varias publicaciones en las que, a su criterio, de forma sistematizada se ha atacado, coaccionado y obstruido la investigación.

Curruchiche explicó  que con estas acciones se ha tratado de influir de forma directa bajo amenazas e intimidaciones en el denunciante, testigos, fiscales y jueces.  “Por lo que dicho accionar constituye un ataque a la administración de justicia, y por consiguiente a la independencia judicial”.

El titular de la FECI, dijo en esa oportunidad que la referida investigación no se trata de un caso de persecución a la libre emisión del pensamiento ni al ejercicio periodístico y agregó que no existe ninguna criminalización a periodistas, ni a los abogados de Zamora Marroquín.

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