La captura de Sandra torres ha sido una noticia de cobertura internacional. La mayoría de medios internacionales ha informado sobre el hecho. A continuación presentamos como presenta la información la agencia francesa Agence France Presse (AFP).
Arrestan a ex primera dama guatemalteca por corrupción electoralx
La ex candidata presidencial y ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, fue detenida este lunes por un caso de corrupción en las finanzas de su partido en 2015, una investigación apoyada por una misión antimafias de la ONU próxima a cerrar.
Torres, de 63 años, fue detenida en su residencia en un sector exclusivo en la periferia este de Ciudad de Guatemala, declaró a periodistas Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público.
«La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional Civil coordinó la detención de Sandra Julieta Torres Casanova, quien tenía orden (de arresto) girada el pasado viernes», señaló Barrera.
«Se le sindica por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Será puesta a disposición del juzgado para resolver su situación legal», añadió la portavoz.
La ex primera dama socialdemócrata perdió el pasado 11 de agosto el balotaje presidencial frente al médico derechista Alejandro Giammattei.
Durante la campaña gozó de inmunidad por su condición de candidata presidencial.
«Persecución política»
La FECI había pedido en febrero retirar los fueros de Torres para investigarla por unos 2,5 millones de dólares que no fueron reportados en los gastos de la campaña electoral de 2015, en la que se postuló a la presidencia por la socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La UNE que había llevado al poder a su entonces esposo, el ex presidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para competir por la primera magistratura.
Los fondos fueron entregados al partido por dos empresas guatemaltecas pero nunca fueron incluidos en los reportes presentados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), indicó el fiscal Juan Francisco Sandoval en rueda de prensa en aquella ocasión.
Torres fue llevada este lunes desde su residencia a la sede de tribunales en una autopatrulla policial y por momentos se cubría la cabeza y el rostro con una sudadera y gafas oscuras.
«Es una persecución política», dijo Torres brevemente a su arribo al Palacio de Justicia, en el centro de la capital, donde acusó a Giammattei de presionar para su arresto.
«Totalmente es político, y pregúntele al doctor Giammattei porque él dijo que no se iba a quedar tranquilo hasta que me metiera a la cárcel», agregó.
Durante la campaña, Giammattei prometió «hacer todo lo que esté en mis manos» para encarcelar a Torres e incluso pidió a la fiscalía, previo al balotaje, tramitar una orden de arraigo para evitar que la ex primera dama huyera del país al quedar sin inmunidad.
Tras quedar sin los fueros, Torres se puso a disposición del juzgado que ventila el caso.
Apoyo de Cicig
En la investigación contra Torres participó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que ayudó a combatir la corrupción en el país y cuyo mandato concluye este martes tras 12 años de labores.
La Cicig, que funciona desde 2007 a petición del gobierno guatemalteco para atacar las estructuras criminales incrustadas en el Estado, colaboró con el Ministerio Público con este y otros casos que alcanzaron a sectores políticos y económicos que eran considerados intocables.
En 2015, la fiscalía y la Cicig revelaron un fraude en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado de ser cabecilla de una red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos de importación.
El presidente Jimmy Morales se retractó de una promesa de campaña de ampliar la misión de la Cicig hasta 2021, y por el contrario acusó al ente de ser una amenaza a la paz del país al indicar que cometía ilegalidades en sus investigaciones.
La decisión de Morales ocurrió después que la Cicig y la fiscalía pidieron investigarlo por sospechas de no haber reportado fondos en su campaña de 2015, una imputación similar a la de Torres, pero el Congreso ha evitado que se le retiren los fueros al gobernante.