- La Corte de Constitucionalidad (CC) blinda nuevamente a la fiscal general Consuelo Porras ante eventual citación del presidente Bernardo Arévalo.
La lucha entre el Ejecutivo y el sector justicia continúa, pero la resolución del amparo provisional concedido por la Corte de constitucionalidad (CC) a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), aliada del Ministerio Público (MP), concede una nueva victoria de la fiscal general Consuelo Porras, quien no podrá ser citada a un consejo de ministros por el presidente Bernardo Arévalo.
La resolución de la CC limita la posibilidad de Arévalo de citar a Consuelo Porras a reuniones del Consejo de Ministros. Esta decisión, según la CC, busca preservar la autonomía del Ministerio Público (MP) y proteger la estabilidad del cargo de la fiscal general.
Arévalo había anunciado que la fiscal general sería citada a un gabinete especial para tratar temas sobre el cumplimiento y respeto de los derechos humanos de acuerdo a resoluciones y tratados internacionales en materia de aplicación de la justicia y respeto al estado de Derecho.
Argumentos del amparo
La FCT argumentó que las citaciones por parte del presidente podrían interpretarse como una forma de presión indebida sobre el MP, entidad cuya independencia está garantizada constitucionalmente. La CC, al conceder el amparo, afirmó que las acciones del Ejecutivo exceden sus competencias y podrían comprometer la independencia de la justicia.
El debate se centra en torno a la intención del presidente Arévalo de destituir a la fiscal general y, en apariencia, el Ejecutivo busca tener la «causa justificada» que contempla la Constitución para destituir a la fiscal general Consuelo Porras, quien es señalada por incumplimiento de deberes, obstrucción a la justicia y otras causas.
Lo que dice la Constitución:
Artículo 251: El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. (…) El Fiscal General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida.
Resoluciones anteriores a favor de Consuelo Porras
Esta no es la primera vez que la CC ha emitido fallos en beneficio de Consuelo Porras. En 2024, la CC rechazó un recurso que buscaba su destitución, argumentando que dicha acción no cumplía con los requisitos legales para remover a un funcionario de su posición antes de que concluya su período. En aquella ocasión, la CC sostuvo que cualquier intento de forzar su salida sería un atentado contra el principio de separación de poderes.
El contexto de tensiones entre el presidente y el MP
La resolución llega en un momento crítico, marcado por crecientes tensiones entre el gobierno de Bernardo Arévalo y el MP, liderado por Porras. Desde que asumió la presidencia, Arévalo ha señalado irregularidades en el sistema de justicia y criticado lo que considera una instrumentalización del MP para perseguir a opositores políticos, especialmente a miembros de su partido, Movimiento Semilla.
Arévalo ha denunciado públicamente que ha presenbtado más de 100 denuncias de casos de corrupción durante la administración del presidente Alejandro Giammattei, las cuáles no han sido investigadas por el MP, de manera sistemática. Varias de ellas han sido, incluso, descartadas.
Por su parte, el MP ha intensificado acciones legales contra figuras vinculadas al gobierno y al Movimiento Semilla, lo que ha generado denuncias de persecución política por parte de la comunidad internacional.
El presidente Arévalo presentó una iniciativa de ley para modificar la Ley del Ministerio Público y permitir una fácil destitución de la fiscal general, pero los esfuerzos de su alianza legislativa, que ha logrado la aprobación de otras iniciativas –Presupuesto 2025 y reformas a la Ley Contra Crimen Organizado, por ejemplo–, no sed ha mostrado a favor de la destitución de Porras.
Varios diputados, en voz baja y pidiendo no ser identificados, aseguran que cuando la iniciativa llegó al Congreso «hubo llamadas del MP» amenzando a varios parlamentarios.
Balance
El amparo otorgado por la CC refleja que la llamada «vieja alianza», que se integró durante el tiempo de Giammattei, con el círculo integrado por todas las institucioones del sector justicia, continúa operando, aunque hay muestras de fisura entre jueces que desean mantener la independencia en sus fallos.
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La CC suele tomar decisiones apegadas a derecho en casos de poca importancia en esta batalla política, pero las decisiones trascendentales que pueden afecta a aquella alianza, son siempre marcadas en la misma dirección.
ELa CC ha sido cuestionada por sectores que consideran sus resoluciones como parte de un patrón que favorece al MP y a figuras asociadas con el statu quo, incluyendo a la FCT, una organización con vínculos estrechos con el poder judicial y sectores conservadores, calificada como una aliada de la corrupción y anti derechos humanos. Se le señala de actuar como un grupo parajudicial.
Este escenario se considera en círculos nacionales e internacionales como un peligro para el sistema democrático. El presidente Arévalo llegó a denunciar que las acciones emprendidas en 2023 por el MP para que no pudiera asumir el 14 de enero pasado, constituyeron un intento de «golpe de estado judicial».
Mientras tanto, el presidente Arévalo enfrenta un desafío político significativo: navegar en un entorno donde las instituciones parecen actuar de manera contraria a los principios de su administración y, sobre todo, le impiden librar una lucha anticorrupción sobre el pasado, como prometió durante campaña. Ahora busca mecanismos para asegurar que la corrupción en su administración no aparezca.
Con esta nueva resolución de la CC cabe esperar que la confrontación entre el Ejecutivo y el MP no solo se intensificará, sino que también refuerza la percepción de una crisis institucional en el país.
El fallo de la CC no solo protege a Consuelo Porras, sino que también limita significativamente las capacidades del presidente para interactuar con una entidad clave en la estructura judicial del país. Este episodio es un ejemplo claro de cómo las tensiones políticas e institucionales en Guatemala están moldeando el panorama democrático del país.