- La máxima entidad de prensa del país presenta informe sobre atropello contra periodistas; misión internacional se marcha «esperanzada» sobre el futuro de esta libertad en el país.
Su preocupación por los efectos que ha dejado la actuación de diversos actores e instituciones del anterior gobierno en contra de la libertad de expresión evidenciada por la criminalización a periodistas y medios, manifestaron de manera conjunta la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y una misión conjunta que visitó nuestro país de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
Estas entidades coincidieron que, como efecto de las acciones en contra de este derecho
ciudadano se puede citar que actualmente hay 25 periodistas en el exilio, así como el largo encarcelamiento del periodista, José Rubén Zamora, ex presidente de diario elPeriódico, quien, según resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, iniciará un nuevo juicio el 5 de febrero.
Durante la entrevista de la APG con la misión, se les dio a conocer que, en los últimos años, cinco
periodistas perdieron la vida, cuyos casos que se encuentran bajo investigación del el Ministerio Público (MP).
Asimismo, se abordó el tema del Programa de Protección a los Periodistas, que se espera tener
un avance en la actual administración, dado que ya se ha realizado acercamiento con varias
entidades de prensa y el delegado de Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos
Humanos, COPADEH, Oswaldo Samayoa.
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La APG, como está establecido en la Ley de Emisión del Pensamiento, le corresponde integrar
los Tribunales de Imprenta, junto con integrantes del Colegio de Abogados, y de la
Municipalidad, para conocer casos en contra de periodistas que sean acusados de cometer
presuntamente delitos de difamación u otros que estén tipificados en dicha ley.
Contario a esta normativa, el Ministerio Público (MP), bajo las órdenes de la fiscal general, Consuelo Porras, intenta judicializar el caso contra ocho periodistas de elPeriódico, por publicaciones en las que se hacían criticas al proceso contra Zamora. Se les acusa de conspirar para obstruir la justicia y se trata de llevar el caso por la vía penal, aunque no corresponde así por la ley constitucional sobre Libertad de Expresión, que establece que esos casos los debe conocer un tribunal de imprenta.
Al final de la reunión se expresó a la SIP y CPJ que la APG junto a otras entidades de prensa,
espera que se resuelva por parte de la Corte Suprema de Justicia el recurso de amparo que
busca que se respete el debido proceso por medio de los tribunales de imprenta y de igual
manera se deje de perseguir a los comunicadores y se deje en libertad a José Rubén Zamora.
(Pié de foto superior)
Pie de foto: De Izquierda a Derecha, Gabriela Vivanco, Presidenta del Comité Ejecutivo; Ana Julieta Cárdenas, Presidenta de APG; Roberto Rock, Presidente de la SIP; Carlos Lauria, Director Ejecutivo de la SIP; las directoras II y IV de APG, respectivamente, Grecia Aguilera y Berania López Marroquín; Carlos Martínez de la Serna, Director de Programa del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).