- La máxima entidad de prensa del país se pronunció este domingo sobre la situación de la prensa en Guatemala. Llama a funcionarios y la sociedad a entender el rol del periodismo
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), reafirmó este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, que la libertad de expresión y de prensa «es un derecho constitucional» consagrado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Emisión del Pensamiento y es una normativa de carácter general, es decir, que beneficia a todos los ciudadanos.
En los últimos años, el derecho a informar y ser informado «ha sido objeto de intentos de vulneración mediante la criminalización de medios y periodistas, perseguidos ilegalmente con la aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado y otros mecanismos ajenos a la justicia», tal el el caso José Rubén Zamora, y otros periodistas de elPeriódico, otros colegas que han enfrentado procesos espurios, señalal la APG en un comunicado.
Agrega que «el Ministerio Público, en lugar de garantizar la aplicación de la justicia contra mafias y funcionarios corruptos, ha emprendido acciones contra la prensa, desestimando denuncias de delitos contra periodistas y aceptando como querellante adhesivo a la Fundación Contra el Terrorismo».
Destaca que durante 2025 se contabilizaron al menos 32 agresiones contra periodistas, «las cuales fueron documentadas evidenciando un entorno hostil que persiste, en 2026, con un 90% de impunidad en los casos, donde el Ministerio Público (MP) es señalado tanto por la inacción como por ser presunto agresor».
Agrega que «en lo que va de este año, se han sumado 14 casos adicionales, entre ellos el que hoy enluta al gremio periodístico: el asesinato de Carlos Humberto Cal Ical, ocurrido el 26 de abril en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, tras recibir amenazas y ser víctima de un ataque armado directo cerca de su vivienda. Con más de 25 años de trayectoria, era miembro activo de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz (APC-AV).
La APG repudia también el fallecimiento del fotoperiodista Eduardo Matzul, confirmado el 6 de abril tras haber sido reportado como desaparecido, así como la agresión sufrida por el presidente de la Asociación de Periodistas Quezaltecos durante la cobertura de la Vuelta Ciclística en Quetzaltenango, además de otros casos en los que se ha impedido el libre acceso a fuentes y eventos informativos.
El reporte de la «Red Rompe el Miedo» y las alertas de entidades internacionales como Amnistía Internacional subrayan que la criminalización y persecución penal de comunicadores, desmotiva la presentación de denuncias y facilita que las carpetas existentes no avancen o se desestimen.
Es por ello, dice la APG, que el cambio de autoridades en el MP debe traducirse en el cese de estas acciones contrarias al debido proceso y al respeto de las garantías constitucionales.
La APG reafirma su convicción y férrea postura en defensa de la libertad de prensa. Sin embargo, subraya que ejercer este derecho implica también responsabilidad, ética y respeto.
Concluye la entidad de prensa indicando que «Guatemala necesita comprender que la libertad de expresión es un pilar democrático, especialmente por parte de los funcionarios que deben respetar el libre acceso a las fuentes y a la información pública, pero también como responsabilidad ciudadana y de los periodistas.
Actualmente existen páginas de expresión, «supuestos líderes e influencer” de opinión que no son medios ni periodistas; al igual que “netcenters” que hacen uso de este derecho de manera irresponsable y manipuladora. Defender la libertad de prensa significa garantizar que nadie sea perseguido por sus opiniones, pero también la APG reconoce que en el uso de este derecho por parte de los periodistas y ciudadanos, el insulto, la amenaza y la calumnia no constituyen opiniones legítimas.