La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles una «caza de brujas» por parte de las autoridades rusas contra aquellos que muestra su oposición a la guerra de Ucrania.
En un comunicado, Marie Struthers, directora de la organización para el este de Europa y Asia Central, ha lamentado que la «persecución» contra estas personas «va más allá de las medidas tomadas con anterioridad contra manifestantes y activistas» en el país. «Los que critican la guerra se enfrentan a cargos arbitrarios simplemente por hablar», ha dicho.
Así, ha acusado a Moscú de «utilizar el sistema judicial ruso como un arma para procesar a las voces críticas y contrarias a la guerra». «No están siendo solo imputados por desacreditar a las Fueras Armadas sino también por fraude o terrorismo», ha alertado cinco semanas después del inicio de la invasión.
El Gobierno ha abierto al menos 60 casos contra manifestantes pacíficos y disidentes, según datos de Agora, un grupo de defensa de los Derechos Humanos. De ellos, nueve se encuentran bajo custodia y otras tres bajo arresto domiciliario.
Struthers ha señalado además que la nueva ley rusa recoge penas de hasta quince años de prisión por comentarios sobre el Ejército que puedan provocar «graves consecuencias». «La criminalización de las llamadas noticias falsas suponen esfuerzos arbitrarios e ilegales por parte del Kremlin para acabar con el sentimiento antibélico», ha matizado.
«Al embarcarse en esta caza de brujas, las autoridades rusas muestran que son capaces de imponer cargos contra prácticamente cualquiera. Son persecuciones lamentables y una flagrante violación de los derechos de libertad y expresión», ha manifestado.
Para la representante de AI, el sistema judicial ruso «está siendo utilizado como medida para castigar a las voces disidentes e instigar el miedo entre la población». «Esta terrible campaña de represión debe parar ya. Todos los cargos deben ser retirados y los detenidos puestos en libertad cuanto antes», ha zanjado.