El gobierno de México realizará en diciembre una consulta popular a comunidades indígenas para la construcción de un polémico tren que atravesará la paradisíaca zona maya del sureste del país, informó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Es una oportunidad para saldar la deuda histórica con el sureste del país», dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia matutina.
El tren, que tendrá una inversión estatal de 120 mil millones de pesos (6,247 millones de dólares), pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y será usado para turismo y carga.
A partir de este viernes, el gobierno distribuirá en la zona donde pasará el tren -con un 40% de población indígena- información detallada en castellano y maya, y la consulta se efectuará el 14 y 15 de diciembre.
«Se está cumpliendo no solo con lo que establece la ley, sino con el compromiso que tenemos de mandar obedeciendo», aseguró López Obrador, conocido por sus iniciales como AMLO.
El mandatario tomó posesión el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México con una ceremonia indígena para destacar el papel prioritario que los grupos originarios tienen en su gobierno.
Pero algunos de estos grupos dicen haberse sentido excluidos de esos planes y han externado su rotundo rechazo al mega proyecto ferroviario que tendrá una ruta de 1,400 km, porque argumentan que afectará reservas ecológicas y sitios que consideran sagrados, como algunos cenotes donde aún realizan sus rituales en completa intimidad.
El gobierno mexicano asegura que el Tren Maya respetará el ordenamiento territorial, preservará el medio ambiente, propiciará el desarrollo económico inclusivo y protegerá el patrimonio tangible e intangible y la identidad histórica de los pueblos de la región.
López Obrador ha tomado varias decisiones en base a consultas populares, como la cancelación de la construcción de un aeropuerto iniciado durante el gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto.
La oposición ha considerado este tipo de mecanismos «tramposos» por su falta de claridad jurídica. Las consultas populares fueron aprobadas recientemente por el Congreso, pero aún deben ser votadas los poderes legislativos de cada estado.