Organizaciones criminales de todo tipo se han venido estructurando y desarrollando en el país durante las últimas décadas, producto de un Estado que ha dado pocas respuestas al crimen organizado. Guatemala, dicen los expertos, tiene las estructuras más violentas de la zona. Combatir este flagelo es una tarea urgente que requiere grandes esfuerzos.
Álvaro Alay, Rodrigo Pérez
CRONICA
Los capos del narco hacen alarde de su poder y fortuna. Los extorcionistas no respetan género, clase social, ni edades. La inseguridad es un azote diario.
Narcotráfico, contrabando, trata de personas, extorsiones, asesinatos y otras expresiones del crimen organizado se consolidan e incrementan ante la sombra de la impunidad de un Estado débil, sin suficientes recursos económicos y que se debate por superar la crisis de inseguridad que agobia a la población.
De hecho, se considera que aquí operan las más sofisticadas y peligrosas organizaciones criminales de la región centroamericana. Aunque existen esfuerzos aislados por combatir al crimen organizado, estos son insuficientes y no han impedido que el poder de estos grupos criminales crezca año con año.
De nada, o muy poco, sirve, como ocurre, capturar a líderes o desarticular estructuras criminales, si a la par de ello no se implementan políticas de largo plazo para mantener el control de esos territorios arrancados de la mano a los criminales.
Esa falta de combate integral también se evidencia en el hecho de que a esas áreas recuperadas por el Estado no se llevan políticas permanentes para proteger a la población, para que tengan acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo económico.
De tal cuenta esos golpes solo tienen efectos momentáneos y duran lo que los nuevos liderazgos de esas organizaciones delincuenciales, que operan con estructuras semiindependientes, tardan en tomar el control y reorganizarse.
Las organizaciones criminales de Guatemala son las más sofisticadas y peligrosas de Centroamérica. Algunas de ellas han estado operando por décadas. En ellas participan antiguos miembros del Ejército, agencias de inteligencia y miembros activos de la policía. La mayor parte de su actividad consiste en transportar drogas ilegales hacia el norte, pero el crimen organizado también está involucrado en el cultivo de marihuana y amapola, el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, el contrabando de armas, las redes de adopción ilegal, el ecotráfico y otras actividades ilegales, se afirma en el sitio web especializado en crimen organizado, Insight Crime.
Combatirlas no es fácil. La captura de un cabecilla criminal deja un espacio que el Estado debe ocupar de inmediato de forma institucional, legal y legítima. Pero no lo está haciendo en ningún caso, sea por incapacidad o falta de voluntad, afirma Édgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
Esas acciones integrales no se han realizado, solo por citar dos ejemplos, según los expertos, tras la captura de la familia Mendoza que es sindicada del despojo de tierras en Izabal y Petén o de la aprehensión —a principios de mayo— de 72 integrantes de una banda de extorsionistas vinculados a 30 asesinatos y que operaban en los departamentos de Guatemala, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa e Izabal.
De tal cuenta que el crimen organizado es una bestia de mil cabezas que sigue creciendo en el país, alimentado por nuevos mercados criminales, la porosidad de las fronteras nacionales y la incapacidad estatal de ejercer su poder coercitivo y punitivo. También porque el aparato estatal ha jugado, en ocasiones, un papel de subordinación ante los criminales, de socio o de instrumento.
Droga, riqueza y sangre
El narcotráfico es considerado uno de los peores tipos de delincuencia organizada, por la estela de sangre y terror que genera. Según la Política criminal del Estado, dada a conocer en el pasado mes de abril, más de 200 toneladas de cocaína pasan anualmente por la región hacia Estados Unidos (EE. UU.), sembrando a su paso muerte y destrucción y, se detalla, que las mismas rutas son utilizadas para el tráfico irregular de migrantes y de armas.
Luego señala el documento que el negocio lucrativo de las drogas, que se estima duplica el Producto Bruto Nacional —según el Bando Mundial el PIB nacional asciende a Q448 mil millones—, es una fuente importante de corrupción, socava el Estado de derecho y pone en riesgo la seguridad.
El informe oficial también indica que las drogas son una fuente de ingresos para las pandillas juveniles. La Policía, agentes de control y oficiales de alto rango son presionados —para que se alíen a los grupos criminales— usando balas o coimas. Algunas provincias en rutas clave de tráfico tienen los índices de homicidios más altos del mundo —alrededor de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes—, señala el documento.
Los actuales narcotraficantes, en Guatemala y el resto de la región, según expertos, ya no son grandes grupos como en los años 90, pero han afianzado sus relaciones políticas y económicas para protección y lavado de dinero y para poder expandir sus negocios ilegales.
Al respecto el informe El Financiamiento de la política en Guatemala, elaborado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señala que en los últimos diez años las estructuras del narcotráfico han cambiado rápidamente debido a la captura y extradición, así como la muerte de la mayoría de líderes de los grandes grupos que operan en el país. Estos grupos se han dedicado, sobre todo, al transporte y almacenaje de la droga que pasa por el territorio nacional, y la captura o muerte de sus principales líderes ha provocado que las organizaciones se fraccionen en grupos aún más pequeños que controlan algunas rutas y algunos territorios.
Luego destaca que en las últimas dos décadas y en algunos lugares, las élites políticas locales y departamentales han establecido alianzas con grupos criminales para repartirse la asignación de obra pública. Esto ha posibilitado el enriquecimiento ilícito de funcionarios y su entorno, mientras que a los grupos criminales les facilita lavar las ganancias provenientes de sus actividades ilícitas y diversificar sus negocios.
En cuanto a los vínculos económicos que ha alcanzado el narcotráfico el mejor ejemplo no está en nuestro país, pero sí en una nación vecina. En Honduras, la poderosa familia Rosenthal, uno de los clanes económicos más poderosos e influyentes de Centroamérica, ha sido acusado por EE. UU. de lavar dinero del narcotráfico y varios de sus integrantes ya han sido detenidos.
Tierra fértil para la criminalidad
El territorio guatemalteco es, como consecuencia de la debilidad del Estado y la impunidad, tierra fértil para el surgimiento y crecimiento de actividades vinculadas al crimen organizado. La trata de personas y las extorsiones, que son actividades ilícitas relativamente nuevas en suelo chapín, y que han tenido un crecimiento exponencial, son un buen ejemplo de ello.
La trata de personas es otro de los hechos de criminalidad que van en aumento en el país, cita el informe que contiene la Política criminal del país. Esta otra faceta del crimen organizado está vinculada a la explotación sexual, el turismo sexual, explotación laboral, trabajo o mendicidad forzada.
Mientras que otro informe titulado la Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala, elaborado por la CICIG y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y dado a conocer el 26 de mayo, estima que hay 48 mil 500 víctimas directas de trata de personas con fines de explotación sexual y que las ganancias ilícitas generadas por este delito alcanzan los 12,300 millones de quetzales, lo que equivale al 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más que el presupuesto total de educación para la niñez y adolescencia, estimado en 2014 en 1.44 % del PIB. El estudio de la CICIG y Unicef también advierte que, dada la complejidad del hecho ilícito, el delito recurrentemente involucra a agentes del Estado para tener acceso ilegal a registros de identidad, movilidad migratoria, facilidades de transporte, permisos sanitarios, entre otros.
En tanto que estadísticas oficiales dan cuenta de que el 59 por ciento de las víctimas son mujeres y de ellas el 17 por ciento son niñas. Para Gutiérrez, del Ipnusac, esta es una de las peores facetas del crimen organizado, por el drama humano directo que implica y porque es una forma de esclavitud moderna que ha tenido un crecimiento superlativo en los últimos años, al punto de que dentro de poco tiempo será la actividad criminal más lucrativa.
Al respecto, el Informe sobre la situación de la trata de personas en Guatemala, dado a conocer el 24 de mayo por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), da cuenta de que las regiones fronterizas son altamente propicias para este tipo de actividad criminal y que los más vulnerables son los migrantes que viajan en condiciones irregulares, sobre todos los niños y adolescentes no acompañados.
Los puntos ciegos en las regiones fronterizas, el desconocimiento de la mayoría de funcionarios migratorios —y de otras entidades estatales que tienen presencia en las fronteras— de los protocolos para identificar a posibles víctimas de trata, son algunas de las deficiencias en el combate de este flagelo, señala el informe de la PDH.
Por otro lado, las extorsiones, que se han convertido en un grave problema de inseguridad, son un fenómeno criminal relativamente nuevo. Hace 15 años no se hablaba, o muy poco, de este delito que es vinculado a las pandillas y a otros grupos criminales organizados.
Entre el 1 de abril del 2015 al 31 de marzo del 2016 el Ministerio Público (MP) registra 1 mil 843 denuncias, lo cual evidencia 56 menos que en el mismo período del 2014 al 2015. Aunque el problema es mucho mayor, porque muchas de las víctimas no denuncian.
Se estima que esta actividad criminal que afecta principalmente a personas particulares, transportistas y comercios, genera al año unos Q200 millones.
La extorsión es uno de los delitos más dañinos que efectúa el crimen organizado en el país, comenta Ronaldo Leiva, consultor en seguridad y defensa, quien agrega que el sicariato también es fuerte y que estas organizaciones no trabajan aisladamente, debido a que tienen cierta proximidad, porque algunos dependen de otros y se combinan ciertos crímenes.
En busca de cooptar al Estado
Sin lugar a dudas, para tener un mayor control, las estructuras criminales tienen que tener el dominio de instituciones públicas, y ello lo logran cooptando a los funcionarios —entre ellos alcaldes, diputados y gobernadores—.
Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack (FMM), resalta que en todo el mundo estas organizaciones utilizan como primera herramienta la corrupción para atrapar en sus redes a funcionarios del Estado.
Para que estas estructuras puedan operar, considera Julio Rivera Clavería, experto en temas de seguridad, deben tener relación con los tres organismos del Estado, como el sistema judicial, ejército y sobre todo políticos y paso a paso se van cayendo en sus garras todas las instituciones del Estado, hasta que se tienen redes en todas las instituciones.
Zoel Franco, coordinador del Programa de Privación de Libertad y Poder Punitivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), refiere que el crimen organizado se ha ido expandiendo, porque el Estado es débil y las estructuras criminales potentes.
Sin un combate eficaz
Hasta el momento el Estado no ha dado una respuesta contundente para paliar al crimen organizado, pese a que se han creado leyes y se han desarticulado estructuras. Esto obedece a que faltan acciones integrales para que estas bandas no resurjan, y de la mano eliminar la cooptación que se pueda tener.
Miguel Castillo, catedrático universitario y experto en temas de seguridad, comenta: Muchos de los esfuerzos han sido encaminados por el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y del sistema de justicia para hacerles menos permeables a los intereses de los grupos de crimen organizado; los resultados son mixtos y limitados, pero casi siempre ligados a la presión de actores externos como Estados Unidos.
Rivera Clavería no considera que se tengan pasos importantes a favor de la lucha contra estas estructuras, debido a que el Estado no está realmente en posibilidades de poder enfrentar la criminalidad organizada, porque no cuenta con los recursos necesarios para hacer un trabajo adecuado. Se requieren muchos recursos, porque la criminalidad sí cuenta con los recursos necesarios, expone el experto.
Hace falta lucha regional
Hace falta; por ejemplo, modernizar y homologar la legislación centroamericana contra la delincuencia organizada y promover una política conjunta de investigación de las entidades de persecución penal de Centroamérica y el Caribe.
Así como mejorar y fortalecer el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad pública de la región y crear archivos de uso común de huellas digitales, balística y otros.
En el tema del narcotráfico el combate sí se está enfocando con políticas regionales. Todavía el esfuerzo no es suficiente, porque estos negocios son tan atractivos e involucran a tanta gente, afirma el analista en temas de seguridad, Fernando Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
Mientras que Gutiérrez, del Ipnusac, dice: Sin cooperación internacional es imposible enfrentar con alguna certeza de éxito el crimen organizado. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala es el mejor instrumento de cooperación que tenemos para combatir ciertas expresiones del crimen y ha resultado eficaz no solo en el desmantelamiento de estructuras, sino que también en el desarrollo de capacidades en el Ministerio Público y otras instituciones.
Luego señala: Estados Unidos tiene otra forma, más bilateral, de trabajar los temas de seguridad, especialmente el narcotráfico y terrorismo, pero en cualquier caso la cooperación internacional requiere socios locales fiables y sobre todo capaces de, una vez superada la fase crítica de la amenaza del crimen, emprender la reconstrucción y recuperación de la soberanía del Estado sobre instituciones, territorio y población.
Orígenes del crimen organizado en el país
Para nadie es un secreto que este tipo de estructuras criminales han existido por muchos años; empero, especialistas en seguridad resaltan que el conflicto armado interno que vivió Guatemala tiene mucho que ver con el surgimiento de estructuras del crimen organizado que llegan hasta nuestros días, debido a que a ellas se adhirieron efectivos militares y de la exguerrilla.
Julio Rivera Clavería, experto en temas de seguridad, afirma que durante la guerra interna existían en el país bandas organizadas que se dedicaban a actividades de tipo criminal, pero no con la dimensión con la que hoy trabajan las organizaciones.
Es por ello que para Carmen Rosa De Léon Escribano, del Instituto de Enseñanaza para el Desarrollo Sostenible, no es extraño que los primeros narcotraficantes hayan sido comisionados militares u oficiales del ejército, porque tenían dominio territorial y cuando terminó la guerra aprovecharon el control que ejercían en las principales rutas de la nación.
Luego, agrega la entrevistada que se empezó a ver otros actores que buscaron pequeños grupos para tener mejor control, estos asociados en la narco política.
Por su parte, Ronaldo Leiva, exministro de la Defensa y experto en temas de seguridad, comenta que estas organizaciones como el narcotráfico han estado en el país desde hace muchos años, incluyendo el tiempo del conflicto, pero indica que sus operaciones no se les facilitaban por la seguridad que existía en ese entonces.
Como la seguridad era fuerte durante el enfrentamiento armado, su capacidad de actividad era muy limitada, señala Leiva.
Apunta que después de la firma de los Acuerdos de Paz, cuando se desmovilizó al Ejército, comenzó la expansión del crimen organizado, no solo en áreas pobladas como las cabeceras, sino en áreas protegidas como las fronteras. Aprovecharon el campo fértil, porque se expandieron los carteles mexicanos, quienes se conectaron con gente que ya estaba haciendo este trabajo en Guatemala, enfatiza.