El pasado sábado se dio a conocer que el abogado Otto Gómez presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que creó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Ante ello, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) se pronunció a favor de esa unidad de investigación.
“En #AmchamGT apoyamos a los organismos que luchan contra la corrupción e instamos al @MPguatemala y la #FECI a continuar realizando una labor a favor de la transparencia”, indicó por medio de su cuenta de Twitter esa cámara empresarial.
Además, señaló que “la lucha contra la corrupción es clave para el crecimiento económico y la prosperidad de Guatemala”.
Justificación de la acción
Según con el jurista, la fiscalía no debe seguir operando porque con la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el convenio que se firmó quedó sin validez, y no se ha cumplido con fortalecer al Ministerio Público.
“En virtud que dicho convenio quedó sin materia, toda vez que fue expulsada la CICIG y la declaratoria del non grato, ambas circunstancias no rigen en nuestro país y por lo tanto no tiene asidero legal la FECI”, indicó el abogado.
A su criterio, esa fiscalía “ha actuado de forma ilegal en todos los procesos” y violenta el propio convenio bilateral suscrito en el 2008 entre Carlos Castresana, en ese entonces jefe de la CICIG y Juan Luis Florido, fiscal General de la República.”
Gómez dijo que en ese acuerdo se establecen varias ilegalidades, “atentando contra el estado de Derecho” y que el convenio quedó sin licencia a raíz de la declaración de non grato de Jimmy Morales contra Iván Velásquez y la no renovación del mandato de la CICIG en septiembre del 2019.
“Por lo tanto no tiene ningún asidero legal, entre otras circunstancias, la Fiscalía Especial contra la Impunidad”, dice el abogado.
Agrega que desde su creación, la FECI se ha dedicado a perseguir “a su sabor y antojo a cualquier clase de persona que a ellos les convenga destruir” y no a “aparatos clandestinos”, lo que contraviene el Pacto de San José y el Código Procesal Penal guatemalteco.
Por su parte, Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, comentó que la fiscalía sí tiene asidero legal, ya que la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, la elevó a fiscalía de sección, fundamentada en el artículo 251 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por tal razón, la inconstitucionalidad no procede.
Casos de investigación
La FECI tiene a su cargo más de 200 investigaciones en las que figuran como acusados exfuncionarios, políticos, empresarios, narcotraficantes y particulares que habrían participado en diferentes actos de corrupción.
Entre los casos presentados están: La Línea, Cooptación del Estado, Negociantes de la Salud, Comisiones Paralelas 2020, Lavado y Política, Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, Manipulación de Justicia, IGSS-Pisa, IGSS-Chiquimula, Traficantes de Influencias.