Un grupo de ahora antiguos altos cargos del Gobierno de Perú han justificado la vacunación «extraoficial» de decenas de personas en el seno del Ministerio de Sanidad y han asegurado que se trataba de una estrategia para «proteger al equipo» que se encontraba en primera línea de lucha frente a la pandemia.
El viceministro de Sanidad, Luis Suárez Ognio, ha pedido disculpas por el llamado caso ‘Vacunagate’, que involucraría a cientos de miembros del Gobierno que se habrían vacunado saltándose el protocolo y ha manifestado que su vacunación se debe a su intención de «estar bien de salud para dirigir la respuesta del Estado frente a la pandemia».
Proteger a los líderes
«(Al vacunarme), en ese momento estaba protegiendo al equipo que lideraba la respuesta a la pandemia. De nada servía un viceministro en cuidados intensivos«, ha sostenido, según ha informado la emisora RPP. «Fue para proteger al líder de la respuesta frente a la pandemia», ha aseverado.
Entre las más de 400 personas vacunadas de forma extraoficial se encuentran su mujer, dos hijos, su hermana y dos sobrinos, así como tres trabajadores de su despacho y su chófer. «El trazado de contactos es un concepto de que cuando se presenta un caso se empieza a buscar a todos los contactos relacionados para poder encontrar otros infectados. El principio es el mismo pero inverso», ha explicado.
«El análisis que hicimos fue identificar por donde podría venir la infección. O sea, por donde podría infectarme yo, que era el líder del equipo en ese momento. Se hizo una especie de burbuja de protección para bloquear por donde podía venir la infección que era con las personas que más interactuaba», ha aseverado.
Perdón
Así, ha manifestado que su vacunación no fue secreta ni oculta, pues tanto él como su familia y colaboradores fueron a la Universidad Cayetano Heredia e ingresaron de forma regular.
En una carta, varios antiguos altos cargos del Ministerio han pedido perdón públicamente «por los sentimientos generados por la falta de una adecuada y oportuna comunicación». En la misiva, reconocen el «cuestionamiento por la falta de transparencia institucional».
Además, han recalcado que los funcionarios «participaron de manera limpia y profesional» y que gracias a ellos «Perú tiene vacunas ahora». Los firmantes han insistido, asimismo, en que no han quitado ni usurpado «la vacuna que podían corresponder a otros profesionales de la salud o a otros ciudadanos».
Por su parte, la primera ministra del país, Violeta Bermúdez, ha anunciado que el 26 de febrero el Gobierno tendrá disponible el informe preliminar de la comisión investigadora sobre el caso.
Tal y como ha señalado, el grupo en cuestión cuenta con un plazo de diez días para recabar información y entregar los resultados. «Desde el Ministerio de Salud, se formó una comisión investigadora que está presidida por el doctor Fernando Carbone, quienes en una investigación sumarísima en 10 días, desde el momento en que se instaló, deben dar los resultados del trabajo que está realizando», ha explicado.
«Este plazo entiendo se vence el día 25, así que entre el jueves y el viernes debemos tener el informe con las conclusiones preliminares de esta comisión», ha manifestado antes de lamentar que podría existir otra lista de personas que habrían obtenido de forma irregular la vacunación contra la COVID-19.