- Sectores estudiantiles y de catedráticos de la USAC esperan que el allanamiento a instalaciones de la universidad nacional brinde información suficiente para iniciar múltiples acciones legales contra la administración del cuestionado rector Walter Mazariegos.
Redacción Crónica
Lo que comenzó en horas de la tarde del viernes como un sorpresivo y masivo operativo del Ministerio Público (MP) en el Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) generó un espejismo inmediato en la comunidad universitaria: la vaga esperanza de que la Fiscalía finalmente actuaba para fiscalizar o deducir responsabilidades por los múltiples señalamientos de corrupción y la consumación del fraude electoral que llevó al poder a Walter Mazariegos. Sin embargo, el escepticismo no tardó en instalarse.
El operativo, que incluyó un despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) y fuerzas antimotines en el periférico del campus y el desalojo de personal en edificios administrativos como el T-3, se extendió durante horas bajo la habitual figura del «caso bajo reserva».
Mientras los sectores académicos y estudiantiles especulaban sobre si la diligencia podría apuntar también a las más de 20 denuncias que acorralan la gestión de Mazariegos, las primeras informaciones trascendidas apuntan a pesquisas sobre la supuesta eliminación anómala de registros de estudiantes en el sistema informático, aunque mucha información incautada podría servir en otros casos administrativos denunciados por la propia Contraloría.
La paradoja de un rector denunciado y un MP omiso
Para la comunidad sancarlista, que califica a Walter Mazariegos como un «rector espurio», el saldo de la acción judicial de este viernes genera profundas dudas, aunque también esperanzas. La llegada de Mazariegos a la rectoría en 2022 —y su posterior ratificación e imposición fraudulenta para un nuevo periodo este 2026— ha sido ampliamente documentada por organizaciones sociales, bloques parlamentarios de oposición y entidades de derechos humanos como un proceso viciado de origen:
- Exclusión de electores y toma por la fuerza: El fraude se consumó mediante la exclusión arbitraria de cuerpos electorales opositores, el uso de la fuerza pública para acordonar el Parque de la Industria durante las elecciones de 2022 y el bloqueo sistemático al debido proceso dentro del Consejo Superior Universitario (CSU).
- Inacción del ente fiscal: Pese a la acumulación de denuncias interpuestas por la Contraloría General de Cuentas (CGC), docentes, estudiantes y diputados —que incluyen irregularidades en la falta de finiquito, abuso de autoridad, nombramientos anómalos e incumplimiento de deberes—, el MP ha mantenido en el congelador las querellas presentadas contra Mazariegos y los miembros del CSU que avalaron la cooptación de la única universidad pública del país.
La crisis institucional: Captura, represión y abandono de la autonomía
La era Mazariegos se ha caracterizado no por la excelencia académica, sino por un paulatino desmantelamiento del espíritu democrático y constitucional de la USAC:
- Persecución a la resistencia estudiantil y docente: Mientras el MP ignoraba los señalamientos de corrupción de la rectoría, en 2023 utilizó todo el aparato judicial para criminalizar y emitir órdenes de captura contra estudiantes, profesionales y docentes que participaron en la toma del campus y la resistencia contra el fraude (en el recordado caso «Toma de la USAC: Botín Político»).
- Deterioro académico y abandono de instalaciones: Tras años de virtualidad forzada y cierres, la reapertura parcial ha dejado al descubierto el abandono de la infraestructura, la precarización de las condiciones docentes y el retroceso de la casa de estudios en los índices internacionales de investigación.
- El aval de las altas cortes: Mazariegos ha logrado mantenerse al frente de la institución gracias a una red de blindajes constitucionales. La Corte de Constitucionalidad (CC) ha rechazado o mantenido congelados decenas de recursos de amparo tramitados para frenar las decisiones arbitrarias del CSU.
¿Un giro real o una cortina de humo?
El allanamiento de este viernes deja a la Universidad de San Carlos en una encrucijada. Si las diligencias de la Fiscalía Contra la Corrupción forman parte del seguimiento a las denuncias de la Contraloría o acusaciones financieras que finalmente comprometan la permanencia de Walter Mazariegos en el cargo, el país estarı́a ante el primer paso para la restauración de la legalidad sancarlista.
Sin embargo, amplios sectores de la comunidad universitaria temen que la diligencia sea únicamente un movimiento táctico dentro del expediente de reserva para amedrentar a voces críticas internas o instrumentalizar nuevamente la justicia contra sectores independientes. La respuesta sobre el verdadero alcance de la incursión policial en el Campus Central terminará de definir si la USAC avanza hacia su liberación o si la sombra del fraude seguirá gobernando el Paraninfo y la Rectoría.