El 13 de octubre se cumplió un año desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones debieron haber tomado posesión. Ante ello, la organización Alianza por Reformas emitió un pronunciamiento, en el cual, aseguran que este retraso se debe a una estrategia de los poderes corruptos que no han cumplido con las disposiciones legales ni con las resoluciones dictadas por la Corte de Constitucionalidad (CC).
La organización añade que “el Consejo de la Carrera Judicial obvió realizar evaluaciones a jueces por lo que debió repetirse la elección. Luego el Ministerio Público (MP) descubrió como los diputados alcanzaron acuerdos con Gustavo Alejos para nombrar a candidatos comprometidos con las redes de corrupción”.
Por lo anterior, la fiscal general de la República y Jefa del MP, Consuelo Porras, ordenó depurar el proceso para excluir a los candidatos que habían pactado con Alejos.
“Los poderes políticos y criminales para no cumplir con esta sentencia se han ensañado contra la CC, operadores de justicia independientes y la sociedad civil, acrecentando el acoso en redes sociales, denuncias espurias, campañas difamatorias, con el fin de no elegir a las Cortes”, afirma la Alianza por Reformas.
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Añade que el acoso de grupos cercanos a acusados de corrupción han llega al extremo de denunciar a ciudadanos por ejercer su derecho constitucional de petición y a abogados por la práctica liberal de la profesión.
“Responsabilizamos a la junta directiva del Congreso de este retraso y hacemos notar que la Fiscal General, a pesar de haber presentado el amparo, no se ha pronunciado ante el incumplimiento de la sentencia. Esta elección no puede esperar más. Llamamos a la sociedad a manifestarse y a denunciar los intentos de cooptar las cortes como una medida de los grupos de poder para preservar el estado de injusticia, violencia, corrupción y pobreza en la que vive la población guatemalteca”, manifiestan.
Esta semana, los magistrados de la CSJ se reunieron en un pleno extraordinario para revalidar su continuidad en el cargo hasta la elección de las Cortes.