- No se logra avanzar siquiera en elegir la sede donde deben trabajar: Universidad Rafael Landívar ofrece instalaciones cómodas y seguras para el trabajo, pero se rechaza. Trabajo no avanza
El trabajo efectivo de las Comisiones de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de salas de apelaciones no ha entrado en su fase inicial, y los comisionados vinculados con la alianza antidemocrática mantienen entrampadas las sesiones, sin que se decida siquiera la sede en la que deben trabajar, a pesar de que la Universidad Rafael Ladívar (URL) ofrece instalaciones con seguridad y comodidad.
El Movimiento pro Justicia y los rectores que encabezan cada una de las comisiones, han dado a conocer que «hay un bloque» que se opone a avanzar e insiste en que se debe buscar otra sede para trabajar, a pesar de que la prensa y varios comisionados han comprobado que la URL es un lugar ideal para llevar el trabajo con la seguridad requerida.
La misma actitud se da en cada una de las comisiones, en donde se ha formado un bloque que los observadores delproceso denominan «alianza antidemocrática», integrado principalmente por magistrados del Organismo Judicial y abogados elegidos por el Colegio de Abogados (CANG), aunque en estos hay una división evidente. En todo caso, no hay consensos que permitan avanzar, evidentemente con el fin de evitar cumplir con los plazos establecidos.
De hecho, hasta el momento no se ha aprobado ninguno de los temas más álgidos, como son el reglamento de trabajo de las comisiones, cronograma, tabla de gradación para calificar a los candidatos a magistrados, en donde se esperan discusiones más profundas. El temor del Movimiento pro Justicia es que a eso se puedan sumar acciones judiciales de terceros, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
La llamada «alianza antidemocrática» por grupos pro justicia y analistas, se integra por una mayoría de magistrados del OJ, el Ministerio Público (MP), algunos partidos políticos, grupos parajudiciales, como la Fundación Contra el Terrorismo, y cuentan con una fuerza importante en redes sociales por sus netcenters.
Por lo que se ha podido apreciar en las votaciones para el tema de la sede –que ha sido sometido a diferentes votaciones, sin consenso alguno–, hay un «bloque» que en cada comisión lo integran los magistrados, así como la mayoría de representantes del CANG. No se ha detectado una participación «alineada» de parte de los decanos.
Una misión de la OEA, que se encuentra en el país para observar el proceso de elección de magistrados del OJ, manifestó «su profunda preocupación por el escaso avance de las Comisiones de Postulación, sobre todo a la luz de los cortos plazos para culminar con el proceso. Recuerda que «a semanas de haber sido elegidos», los comisionados «aún no discuten cuestiones de fondo.
Sobre la selección de la sede, la misión de la OEA destaca que «sin perjuicio del derecho que corresponde a las y los Comisionados de decidir por dos tercios de voto la sede de sus reuniones», los miembros de esta misión internacional han compronbado «que las instalaciones de la URL son adecuadas para las sesiones de las comisiones y que brindam seguridad a sus miembros, así como el espacio necesario, estacionamiento, equipos, internet, apoyo logístico y humano».
Esta mañana Miquel Cortés Bofill, rector de la URL y presidente de la comisión postuladora para elección de magistrados de CSJ dijo a Emisoras Unidas que: «Esto demuestra que no es un tema objetivo ni un tema logístico y que, quizás, hay otros intereses (… ) No hay voluntad tampoco de trabajar. En la práctica, se refleja en los votos, y en los votos de ayer no se permitirá modificar la agenda», por lo que todo sigue entrampado.
ambas comisiones deben tener listas y enviadas al Congreso de la República –en donde la «alianza antidemocrática» puede imponer mayoría–, a más trdar a finales de septiembre. El cambio de magistrados debiera darse el 13 de octubre..
En 2019 no se pudo realizar la elección de magistrados y los mismos permanecieron durante más de tras años en sus cargos de forma inconstitucional.
Según el Movimiento pro Justicia, hace poco la «alianza antidemocrática» logró la elección de Carlos Humberto Sandoval como Director del Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP), y tuvo una amplia mayoría de votos en el Congreso de la República. Esta dependencia del sector justicia ha sido parte de la llamada «alianza oficialista», durante la administración de Alejandro Giammattei. Es la misma fuerza que ahora pretende mantener el control del sistema legal en el país.