La Sala Tercera de Apelaciones Penal resolvió apartar a la jueza Virginia Amparo de León Lara, quien tenía a su cargo el caso de la supuesta creación de plazas fantasma en el Instituto de la Víctima.
Alejandra Carrillo, directora de esa entidad, solicitó que la juzgadora fuera separada del proceso. Los magistrados aceptaron el requerimiento, argumentando que se duda de la imparcialidad de la togada.
Allanamientos
De León fue quien autorizó los allanamientos en la institución dirigida por la exdiputada. Eso se hizo antes de que Eduardo Pantaleón, fiscal que realizaba la investigación, fuera trasladado de la Fiscalía contra la Corrupción a la Fiscalía Liquidadora. Esta carpeta judicial seguirá en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, pero será otra jueza a la que se le asigne la misma.
Antecedentes
El 24 de junio pasado, la Fiscalía contra la Corrupción realizó la diligencia en la sede del Instituto para la inspección, registro y secuestro de evidencias.
En ese momento, el fiscal Eduardo Pantaleón quien se encontraba a cargo de la investigación señaló que la misma se había derivado por una denuncia que se presentó en abril de este año, por la posible contratación anómala de 109 personas.
Entre los hallazgos se logró determinar que el personal no se eligió por medio de las bases establecidas de contratación, sino por “apadrinamientos o recomendaciones de funcionarios públicos”.
Por medio de las pesquisas se logró establecer que los funcionarios que habrían hecho la “recomendación o apadrinamiento”, aún ejercen un cargo público, en cuanto a las personas que están vinculadas a la investigación pertenecen a los tres poderes del Estado.
Las contrataciones irregulares del Instituto de la Víctima fueron para ocupar puestos de abogados, auxiliares, trabajadores sociales, médicos y psicólogos.