La alcaldía de Río de Janeiro, enfrentada a deudas y problemas para costear servicios, suspendió todos los pagos y movimientos financieros hasta nuevo aviso, según resolución publicada en el diario oficial del municipio este martes.
La breve resolución de la secretaría de hacienda del municipio entró en vigencia a las 14H00 locales (17H00 GMT) del lunes y según explicó la alcaldía en un comunicado oficial, «el procedimiento es puntual y puede ser revertido en cualquier momento».
La alcaldía de Río enfrenta una complicada situación económica, con una deuda acumulada por años y dificultades para el financiamiento de servicios públicos, siendo salud uno de los más afectados.
Según el comunicado de este martes, la resolución busca ajustar la caja del municipio.
Profesionales de la nómina municipal de salud llevan dos meses sin cobrar salarios y el colapso de los hospitales públicos ha producido en las últimas semanas imágenes dramáticas.
El alcalde Marcelo Crivella, aliado político del gobierno de Jair Bolsonaro, pidió ayuda financiera a Brasilia la semana pasada como paliativo para el área de la salud. El Ministerio de Salud anunció la asignación de 152 millones de reales (US$38 millones) entre diciembre y enero.
La justicia laboral determinó desde la semana pasada dos bloqueos de recursos de la alcaldía que totalizan más de 400 millones de reales (US$100 millones) para cumplir el pago de salarios atrasados de trabajadores del sector salud, pero hasta el lunes había conseguido poco más de la mitad en las arcas del municipio.
La suspensión de las actividades financieras del municipio llega justo cuando los trabajadores deberían recibir el pago de aguinaldos. No está claro aún si el mismo fue agendado antes de la entrada en vigencia de la resolución.
«En este primer momento todos estamos impactados por una decisión, mínimo, irresponsable, sin cualquier aclaratoria por parte del alcalde», dijo Manoel Peixinho, profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica, en declaraciones a la radio CBN.
Peixinho agregó que «no existe la posibilidad de bancarrota para instancias públicas, pero es lo que está ocurriendo en efecto», dijo Manoel Peixinho, profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica en declaraciones a la radio CBN.