El salario de los alcaldes en Guatemala tiene dos aspectos innegables: son exagerados y abusivos para la realidad del país, y son difíciles de rastrear por la discrecionalidad con que se imponen y como se esconden.
Redacción Crónica
En Quetzaltenango, el alcalde Juan Fernando López Fuentes recibió Q110.196,88 en junio de 2026. En Purulhá, Baja Verapaz, Edgar Francisco Xoy Chón devengó Q75.250 en el mismo período, mientras el 93,8 % de la población de su municipio vive en pobreza, según los datos citados por Acción Ciudadana. Entre ambos casos hay diferencias de tamaño, economía y presupuesto, pero una pregunta común: ¿cómo se fija la remuneración de quien administra una ciudad cuando buena parte de sus vecinos apenas cubre lo indispensable?
La pregunta alcanza a todo el país. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2023, la medición oficial más reciente de pobreza, estableció que el 56 % de los guatemaltecos es pobre y el 16,2 % vive en pobreza extrema. En ese contexto, la alcaldía puede ofrecer un ingreso muy superior al de la inmensa mayoría de los trabajadores. También confiere influencia sobre obras, servicios, licencias y decisiones que mueven millones de quetzales. El salario es la parte visible de un cargo con poder económico y político.
El alcalde quetzalteco, Juan Fernando López Fuentes, es uno de los que más gana –o cobra– en el país. Lo lamentable es que la falta de transparencia en la rendición de cuentas de la mayoría de municipalidades hace imposible saber cuánto gana cada uno de ellos. (Foto Ojo con tu pisto)
Un estudio de Acción Ciudadana sobre las remuneraciones devengadas en junio de 2026 permite mirar detrás del sueldo nominal. La organización revisó los portales de las 340 municipalidades, pero encontró información actualizada y utilizable en solo 138, el 40,9 %. En 126 había registros anteriores y en 75 no halló datos que permitieran conocer los pagos; esa clasificación divulgada no completa las 340 comunas, una diferencia de un caso que conviene aclarar con la organización. El promedio de las 138 alcaldías observables fue de Q44.032,13 al mes. No es, por tanto, un promedio verificable de todos los alcaldes del país.
Detrás de López Fuentes figuran Héctor Hugo Cardona Morales, de La Gomera, con Q97.375; Juan Manuel Asturias Sueiras, de Antigua Guatemala, con Q96.250; e Israel Castillo Ortega, de Masagua, con Q93.144,66.. En el extremo inferior de la muestra aparece Santiago Atitlán, con Q13.750. Es una muestra limitada: quedar fuera no significa cobrar menos. El sueldo que no dice cuánto se cobra
En San Benito, Petén, el alcalde Carlos Antonio Kuylen Morales tenía un sueldo base de Q6.014,65. Al añadir Q52.500 en otras remuneraciones, el total llegó a Q58.514,65 en junio: casi diez veces el salario anunciado en la planilla básica. En Fraijanes, la remuneración total llegó a Q83.443, unas 7,4 veces su sueldo nominal, de acuerdo con el mismo monitoreo. Para entender lo que cuesta un alcalde, hay que sumar salario, dietas por sesiones, gastos de representación, bonos y pagos en empresas o dependencias municipales.
Ojo con mi Pisto documentó bonos de cumpleaños, vacaciones y antigüedad en distintas comunas. En marzo de 2026, el alcalde de Quetzaltenango recibió Q135.893,50 entre sueldo, dietas, representación y un bono, según ese medio. Los Q110.196,88 de junio muestran que los pagos variables cambian de mes a mes.
SAN MIGUEL PETAPA EN EL OJO:
El alcalde Morales es uno de los que aparece con ingresos más altos, y ahora se queja de no tener fondos para atender la emergencia. (Foto Municipalidad de San Miguel Petapa)
Petapa: más de Q100 mil para el alcalde
San Miguel Petapa ofrece un ejemplo de cómo las remuneraciones municipales crecen mucho más allá del sueldo nominal. En febrero de 2024, una investigación basada en información publicada por la comuna situó los ingresos de Mynor Rolando Morales Chávez por encima de Q100 mil. Su salario base era de Q39,750, pero las dietas alcanzaban Q41,800 y los gastos de representación otros Q20,020. El contraste cobra actualidad ante la crisis del río Pinula: el alcalde sostiene que las obras necesarias para enfrentar la emergencia superan la capacidad económica municipal. Esa limitación abre una pregunta sobre las prioridades presupuestarias y la proporcionalidad de las remuneraciones de sus autoridades.
Una reconstrucción periodística de 2022 situó el ingreso mensual ordinario de Ricardo Quiñónez cerca de Q91.600 entre sueldo, dietas y representación. Ojo con mi Pisto informó que solo sus dietas superaron Q60.000 en marzo de 2026. Sin la planilla consolidada, no cabe presentar el total de 2022 como ingreso actual ni mezclar rubros de años distintos.
El mecanismo está en el Código Municipal. El Concejo fija el sueldo y los gastos de representación del alcalde y las dietas por asistir a sesiones. El artículo 44 establece condiciones y mayorías calificadas para las remuneraciones de síndicos y concejales y para incrementos al sueldo del alcalde. Esa autonomía permite atender necesidades locales, pero deja mucho espacio a decisiones de los propios beneficiarios. Una sesión adicional puede aumentar la remuneración sin que cambie el sueldo base exhibido ante los vecinos. La legalidad de un pago, por sí sola, no demuestra que sea proporcionado al presupuesto municipal o a los resultados obtenidos.
Hay controles, aunque su eficacia depende de que las decisiones se documenten y se conozcan. La Contraloría cuestionó en una auditoría el procedimiento mediante el cual la Municipalidad de Guatemala elevó el sueldo base de Quiñónez a Q38.000 y formuló reparos por gastos de representación sin respaldo documental suficiente, según la investigación de Ojo con mi Pisto. La comuna defendió que esos pagos eran remuneración y no requerían liquidación de gastos. El caso muestra por qué importan el acuerdo que autoriza cada rubro, su fundamento y la resolución definitiva de cualquier reparo: una observación de auditoría no equivale por sí misma a una condena.
El poder que viene con la vara municipal
Ser alcalde también abre una puerta al poder territorial. La municipalidad organiza servicios, recauda impuestos y tasas, otorga permisos y contrata obras. El Concejo decide sobre el presupuesto y adjudicaciones dentro de las competencias que le asigna el Código Municipal; el alcalde dirige la administración y ejecuta sus decisiones. Una calle, una red de agua, una licencia o un contrato de basura afectan a vecinos, empresas y proveedores. Quien encabeza esa estructura gana visibilidad pública y capacidad para negociar con diputados, ministerios y actores económicos.
Ricardo Quiñónez lleva en la Municipalidad de Guatemala 22 años, primero como miembro del Concejo municipal y desde 2018 como alcalde. La comuna capitalina no ha encontrado solución a los graves problemas del transporte público, el tránsito, el manejo de la basura ni del agua.
Allí aparecen las oportunidades de “negocios” a las que suele aludir la conversación política local. Son oportunidades de contratar con la comuna, influir en prioridades de inversión o construir redes de apoyo electoral. Que el cargo abra esas puertas no significa que un alcalde citado en este reportaje haya recibido comisiones o adjudicado contratos para beneficio propio. Una acusación de ese tipo exige documentos, vínculos societarios, decisiones concretas y derecho de respuesta. El riesgo institucional existe precisamente porque la misma autoridad que recibe una remuneración elevada influye sobre un presupuesto y sobre decisiones de interés privado.
Opacidad, parte del problema
El artículo 10, numeral 4, de la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a publicar salarios, dietas, bonos, viáticos y cualquier otra remuneración de los funcionarios. No basta con exhibir el sueldo base ni con colgar una planilla de hace un año. Sin una publicación completa por mes, el vecino no puede comparar el ingreso del alcalde con la inversión en agua, caminos o alumbrado. Tampoco puede saber cuánto se paga por cada sesión o qué organismo municipal emite otro cheque.
La muestra de Acción Ciudadana deja al descubierto un vacío mayor que el ranking. Si apenas cuatro de cada diez municipalidades mostraron cifras actualizadas, la nación ignora el mapa completo de sus salarios municipales. Incluso el número de comunas clasificadas en las tres categorías difundidas suma 339 y no 340; la diferencia merece una aclaración metodológica, no una conclusión apresurada sobre una alcaldía adicional. La ausencia de información tampoco autoriza a atribuir a un funcionario una cantidad no verificada.
Hay una salida razonable: publicar cada mes una planilla única por autoridad que consolide sueldo, dietas, representación, bonos y pagos en empresas municipales; enlazar los acuerdos que fijan cada monto; identificar fecha, número y duración de las sesiones; y comparar el costo con presupuesto, población y servicios prestados. También corresponde debatir límites vinculados a la capacidad financiera de las comunas, sin impedir que una ciudad compleja pague adecuadamente a sus autoridades.
Acción Ciudadana ha planteado introducir criterios objetivos y topes mediante reformas al Código Municipal. En un país donde más de la mitad de la población es pobre, Q110.196,88 en un mes para un alcalde es una cifra que obliga a rendir cuentas. El problema no se resuelve suponiendo que todo pago alto es ilícito, ni celebrando como normal cualquier monto que un Concejo haya aprobado.
Hay que saber cuánto se recibe, quién lo autorizó, qué resultados obtuvo el municipio y si el poder conferido por la alcaldía se ejerce para el vecino o para quienes hacen negocios a su alrededor. Mientras las municipalidades no ofrezcan información al día las dudas aumentarán y el malestar social también
