Lo que no se ha podido hacer con el sistema político se ha puesto en marcha para rescatar el de justicia. El proceso de reforma constitucional ha principiado con la convocatorio para un Diálogo Nacional que tomará varios meses, antes de ser elevada la propuesta al Congreso de la República. CICIG, MP y PDH lideran la iniciativa que respaldan los tres presidentes de los poderes del Estado.
Redacción de Crónica
Los diputados manejaron y manipularon las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero no tendrán la misma incidencia en las reformas constitucionales que se han planteado para mejorar el funcionamiento del Organismo Judicial (OJ), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP).
El fin de estas reformas es promover la mayor independencia posible al sector justicia y para ello se ha convocado a un Diálogo Nacional, que aportará ideas sobre la propuesta, pero en las redes sociales y en opinión de expertos, no se debe dejar margen para que los diputados manoseen la propuesta que entregarán en septiembre los presidentes de los tres organismos del Estado.
Esta iniciativa, que proviene principalmente del liderazgo de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Thelma Aldana, fiscal general y máxima autoridad del MP —respaldada por Jorge de León, procurador de los Derechos Humanos—, modifica la forma de elegir magistrados y amplía los plazos de los cargos, con el fin de limitar la influencia de los políticos. Las propuestas son parte de un documento básico que es el que se somete a la consideración de los sectores de la sociedad.
Uno de los problemas que enfrenta el actual sistema, es que ha permitido que la justicia deje de ser un balance entre los poderes del Estado, porque se había llegado al extremo de que jueces y magistrados actúan bajo la presión de la clase política y de otros grupos de influencia que han creado un marco de impunidad muy grande.
La Constitución ha sido reformada solamente en una ocasión (1993), cuando los cambios permitieron la depuración del Congreso, con algunas modificaciones precisamente al sector justicia, entre otras.
En 1999, el entonces presidente Álvaro Arzú intentó una segunda reforma, pero perdió en las urnas, en parte, porque se incluyeron diversidad de cambios, lo que causó rechazo y confusión entre la población. El fin de esa reforma —en su origen— era fortalecer desde la Constitución los Acuerdo de Paz, pero el partido oficial, de ese entonces, —Partido de Avanzada Nacional— manoseó el espíritu de los cambios e intentó introducir otras modificaciones.
Desde ese momento, ningún intento de reforma constitucional ha avanzado en el Congreso de la República. El camino para reformar la Constitución es que lo proponga algún organismo con iniciativa de ley —lo harán el presidente Jimmy Morales, el presidente del Congreso, Mario Taracena, y el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rafael Rojas—, para que luego el pleno apruebe las reformas con una mayoría calificada y finalmente los cambios sean sometidos a la población en consulta popular. Un camino que puede llevar esa consulta hasta el año 2017.
Necesarias e importantes
Javier Monterroso, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), opina que las reformas constitucionales en el sector justicia son necesarias y muy importantes para avanzar en el país, ya que ayudarán a consolidar y crear la carrera judicial, fortalecer el Ministerio Público, otorgar mayor independencia del sector político a jueces y magistrados, y limitar el uso del amparo judicial.
En este sentido, José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señala: es vital dotar al sistema de justicia de mayor independencia y autonomía frente a poderes que han influenciado y politizado el sistema.
Ambos analistas coinciden en que es una oportunidad, porque son cambios que se han propuesto he intentado hacer desde muchos años.
Monterroso dice que las reformas están pendientes desde los Acuerdos de Paz y varios de los puntos enunciados en el documento base, se han postergado, como la separación de funciones administrativas y judiciales, la permanencia de los jueces en sus puestos, quitarle al poder político la designación de jueces y magistrados; aspectos que habrá que ver cómo quedan plasmados en la Constitución, porque sin esos temas no se va a poder avanzar en el fortalecimiento de la justicia plenamente.
Sobre el tiempo del cronograma para que se presente en septiembre la reforma al Congreso, al analista del Incep le parece un poco apresurado, me preocupa que dentro de las regiones identificadas solo estén ocho departamentos. Esas reformas deberían ser discutidas con todos los departamentos, pero no se ha mencionado ninguno de la región sur, como Escuintla o Suchitepéquez, que son bastante poblados con un fuerte número de abogados y organizaciones sociales.
Para Monterroso: la discusión podría extenderse más, pero lo importante es que ya se esté trabajando la reforma constitucional.